Gerardo Maldonado Zeas
Al mejor estilo de su ex compañera de bancada Rosa Cerda, quien dijo que si “quieren robar, roben bien” el asambleísta Joel Abad de PK representante del Cañar, fue grabado en una conversación con sus amigos, en la cual pide “aportaciones voluntarias para no hacer aparecer como diezmos porque eso le podría costar el puesto”.
El audio que circuló en redes sociales y fue comentado en varios medios de comunicación, confirmó la percepción de los ciudadanos de que en la Asamblea Nacional se encuentra lo peor de la clase política ecuatoriana.
Un mundo de traiciones mafiosas, en las cuales se desbordan las pasiones, audios, documentos privados y demás instrumentos que configuran el ambiente de una saga de misterio y suspenso.
Inclusive, en frecuentes conversaciones de pasillo, se asegura, cohabitan en la Asamblea, como almas en pena, eventos raros que ocurren entre gallos y media noche. Y muchos en el día.
El juzgamiento a los asambleístas que cometen estos desórdenes depende del peso político. El caso del diezmero Eckner Recalde, desafiliado de la ID, fue absuelto por la votación en el pleno, para luego afiliarse a UNES, sus nuevos amigos, y seguir campante como asambleísta.
Igual pasó con Rosa Cerda ahora ex PK quien dijo ser víctima de la “violencia política provocada por personas inescrupulosas que fungen como ‘dirigentes’ de Pachakutik”.
Con toda esta trama, no es de sorprenderse que el asambleísta Fernando Cabascango (Pk) de Pichincha haya presentado un proyecto de ley en el cual sin ruborizarse pide se exonere de responsabilidad penal las manifestaciones de personas defensoras de derechos humanos, de la naturaleza, o el disfraz criticado de los derechos colectivos, y también, prácticamente se libere a “líderes sociales y comunitarios y personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas en el contexto de reivindicación de sus derechos constitucionales” intentado pasar por las galletas a la justicia ordinaria, para dotarle a la justicia indígena de todo el poder de sanción; y, de una manera intolerable pretender que los delitos no pertenecientes a la “protesta social”, como aquellos en contra del Estado, llámense concusión, peculado y demás, no tengan la medida cautelar de la prisión preventiva.
El caso de Abad es muy serio; lo de Cabascango, es el intento de crear un mundo paralelo, una pretensión de minorías para convertirse en una conquista política, que rompe el concepto fundamental del estado de Derecho.
Y como todo lo inimaginable puede suceder en la Asamblea, hasta pueden tener los votos necesarios de los aliados, para firmar el acta de defunción de la Justicia. (O)
