La inseguridad, el narcotráfico y la corrupción están entre los tres primeros problemas de preocupación de la ciudadanía. La tendencia en homicidios se ha incrementado en los últimos 5 años de un 5,8 a un aproximado de 15,8 por cada 100mil habitantes. Estas cifras guardan un correlato con los cambios estructurales y en política pública que se han dado en materia de seguridad. Reducción presupuestaria, eliminación de instituciones, fusiones en ministerios o cambios en los liderazgos que no siempre obedecen a criterios técnicos son parte de la compleja configuración que rodea al problema de la inseguridad en el país. Esto, junto con circunstancias geopolíticas asociadas al narcotráfico, de la mano de los conflictos entre bandas delincuenciales dentro y fuera de las cárceles, deja un escenario en el que elgobierno nacional se percibe frágil y sin una hoja de ruta.
En este contexto, los gobiernos locales encuentran limitados sus campos de acción dado que, dentro del sistema de seguridad, la justicia, la policía, las cárceles y la defensa son funciones del nivel central. ¿Qué le queda a una alcaldía o una junta parroquial? La prevención. Suena a poco, sin embargo, no es una responsabilidad menor si se la toma con voluntad política y compromiso social. El rol local -ya sea a nivel de municipio o de junta parroquial- puede incidir en el establecimiento de políticas en territorio para prevenir hechos de violencia e inseguridad y conseguir reducciones en los índices de violencia dentro de una localidad.
En este escenario, en el caso de Cuenca, el pedido de control sobre el complejo carcelario de Turi no necesariamente soluciona el problema de inseguridad en la ciudad. Es prioritario establecer políticas de prevención y mayor involucramiento social en la identificación de focos de violencia y peligrosidad. Por ejemplo, el problema del microtráfico y consumo de drogas no tendrá solución sin la participación de las familias, las Unidades Educativas y los ciudadanos, en las alertas comunitarias. Eso es prevención y la municipalidad bien puede intervenir con total responsabilidad.
Sistemas privados de vigilancia ya han sido importantes colaboradores en la identificación de bandas delincuenciales o en la descripción de prácticas intimidantes. Una política local que coordine esfuerzos públicos y privados debe incorporar las iniciativas que puedan venir del sector productivo y comercial. Estos esfuerzos son los que permitirán que la responsabilidad en seguridad pueda también ser parte de un programa de trabajo que venga desde el gobierno local.
