Es la quinta declaratoria de Estado de Excepción que emite el Ejecutivo en este año y medio en funciones, sin embargo, a pesar de estos decretos, más de 400 muertes que se han reportado en el contexto de la crisis carcelaria y la tasa de homicidios que se ha incrementado a 15,48 muertes violentas por cada 100mil habitantes. Si la respuesta gubernamental se reduce a decretos de estado de excepción en determinadas zonas geográficas, es evidente que algo está saliendo mal.
La situación en Guayaquil y Esmeraldas es la evidencia de que, en política pública -así como en ciencia- no se puede esperar resultados distintos si se insiste en una misma técnica. Es posible que un decreto de Estado de excepción pueda facilitar desplazamientos militares, incorporar de más elementos de la fuerza pública, incluso ejecución de recursos. Son gestos de evidente necesidad; sin embargo, al no contar con directrices claras en cuanto a políticas sobre seguridad, y sin tener una administración sobre seguridad interna que permanezca estable, las acciones, que ya tienen tintes de rutina y no de excepción, se vuelven ineficientes.
Es obvio que las condiciones han cambiado. En este momento de incremento en violencia y organización delincuencial -al estilo de las mafias y carteles- los decretos gubernamentales, los traslados presidenciales, o los toques de queda para la población, no son suficientes. De manera que la respuesta social, ante la excepcionalidad, es la indiferencia en el mejor de los casos, o la indignación entre los más golpeados por el nivel de violencia e inseguridad.
En este escenario existe otro que se activa en paralelo: el político. Se observan las reacciones de los partidos quienes, en su turno, y a su manera, hacen llamados de atención al presidente Lasso y a su gabinete para encontrar soluciones más efectivas y definitivas. El objetivo es político. Desean desmarcarse de las responsabilidades que como clase política les atañe y que junto con los desaciertos gubernamentales nos ha llevado a un “estado de excepción” no por el decreto firmado sino porque la vida, la seguridad, la salud, el bienestar, se vuelven condiciones de excepción en una ciudadanía que, ante la falta de protección y respuesta del Estado, comienza a clamar por soluciones alternativas que rozan con la anarquía y la debacle social.
