El gobierno del presidente Guillermo Lasso estrena su tercer ministro de Energía y Minas en apenas año y medio de administración.
Se trata de Fernando Santos Alvite, un abogado con amplia experiencia en el ámbito petrolero y también ministro de Energía en gobiernos anteriores.
Las denuncias sobre presunta corrupción en contra de Xavier Vera precipitaron su salida del citado ministerio. De paso, sembraron dudas en cuanto a la transparencia en el Ejecutivo y cierta debilidad a la hora de tomar decisiones tajantes para evitar el desgaste político.
La designación de Santos Alvite se produce en circunstancias especiales. Entre ellas, la inestabilidad del precio de barril de petróleo, la pretendida focalización de subsidios para la gasolina y el diesel, la meta ambiciosa autoimpuesta por el gobierno para explotar un millón de barriles diarios de crudo hasta 2025, la posible consulta popular de Yasunidos para dejar bajo tierra el petróleo del ITT, la corrupción en Petroecuador, la ley de Consulta Previa a las comunidades, los problemas técnicos, operativos y legales existentes en otros pozos petroleros.
Un panorama difícil. Afrontarlo necesitará de decisión política, de conocimientos sobre el mercado petrolero mundial, de sobrellevar con tino, pero con firmeza ciertas posiciones extremas cuya meta es impedir la producción petrolera en unos casos; en otros su ampliación.
Fernando Santos tiene trayectoria para sortear esos y otros obstáculos. Igual, para ejecutar la modernización de la refinería Esmeraldas.
Por lo pronto, habló de la imposibilidad de producir el millón de barriles diarios hasta 2025; dialogará con franqueza con las comunidades sobre los beneficios económicos de la explotación del crudo.
Se refirió a la corrupción en Petroecuador, literalmente “un Estado dentro del Estado, un feudo de la burocracia”, donde se hace y deshace al antojo de los mejores postores y coimadores.
Enfrentarse a este monstruo será el más duro escollo de Fernando Santos, a quien el presidente Lasso le pidió “honestidad absoluta”.
