La Paz.- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) consideró que detrás de las protestas por el censo de población en el país no hay una intención de dar un «golpe de Estado» al Gobierno de Luis Arce, como lo alertaron las autoridades nacionales, pero sí un «plan» para dividir al oficialismo y dañar la economía.
En un hilo en Twitter, Morales pidió «más soluciones y menos discusiones» para resolver la huelga que cumple Santa Cruz, la mayor región boliviana, desde hace 16 días para exigir que el censo se realice en 2023 al considerar que los efectos negativos de esa medida «destrozan la economía familiar» y los paga «el pueblo trabajador».
Reitero lo que compartí en reuniones con nuestros hermanos presidente @LuchoXBolivia (Luis Arce) y vicepresidente @LaramaDavid (David Choquehuanca): no creo que haya golpe de Estado. Lo que sí advertimos es que algún sector del gobierno está aliado con los golpistas. No magnifiquemos la situación por favor», escribió el exgobernante.
A su juicio, «algunos usan la denuncia de peligro de golpe para presionar a nuestra gente», pero consideró que «con jefes militares y policiales procesados, prófugos y encarcelados» por la crisis de 2019, «la derecha cambió de estrategia» y «ahora quiere destrozar la economía, culpar» al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), «desgastar al gobierno» y dividir al oficialismo.
Morales también sostuvo que «es momento de poner orden» y lamentó las «pugnas internas y contradicciones de algunos ministros», apuntado sobre todo al ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, al que el exmandatario suele hacer críticas constantes.
«Mientras el Ministro de Gobierno asume posición en relación al censo, la Ministra de la Presidencia (Maria Nela Prada) lo desautoriza. Si un ministro es desautorizado por el gobierno, si tiene dignidad, debería renunciar», concluyó.
La consulta nacional debía realizarse este noviembre, pero el Gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz, que cumplió paros de 24 y 48 horas antes de ir a la huelga indefinida por el censo en 2023.
En respuesta al paro cruceño, sectores afines al oficialismo iniciaron un «cerco» con bloqueos de carreteras que ha aislado y dejado sin alimentos y combustible a la región, al considerar que las protestas por el censo buscan desestabilizar a la Administración de Arce.
Al inaugurar el pasado viernes el trabajo de la comisión técnica que fijará la fecha definitiva para el censo, el presidente Arce lamentó que se haya generado un «abordaje político» en torno al empadronamiento y que se lo utilice «como un instrumento de desestabilización del Gobierno» que «también busca derrocarlo».
La mesa técnica cumple este domingo su segunda jornada de trabajo en la ciudad amazónica de Trinidad, sin un tiempo límite para definir la fecha del empadronamiento, mientras que en otras regiones bolivianas hay advertencias de movilizaciones y huelgas desde este lunes en demanda de que el censo sea en 2023. EFE