Poco o casi nada suele hablarse de las vías rurales de la provincia del Azuay, tan necesarias como las intraprovinciales cuyo estado todos lo saben.
Los reclamos, casi diarios, suelen hacerse por estas últimas. Se han convertido en una especie de costumbre colectiva, en motivos para arengas políticas, mientras los gobiernos de turno crean justificaciones de toda índole para sacarse el bulto de encima.
La mayoría de vías rurales de la provincia son de lastre. En algunos casos, hasta son simples trochas, abiertas con pico y palo. Pocas han sido mejoradas con carpeta asfáltica.
Forman un entretejido, sin el cual es imposible trasladar la producción a los centros parroquiales, cantonales y a la ciudad. Y por eso mismo debe ser considerado como prioridad.
Dar el debido y oportuno mantenimiento a esas vías es una tarea titánica hasta cierto punto, no siempre atendida a tiempo, debido a la alta demanda y al escaso equipo caminero.
El Gobierno Provincial debe afrontar esos problemas. Lo hace en la medida de su disponibilidad financiera y con la participación de Juntas Parroquiales Rurales y Municipios.
El presupuesto prorrogado del GAD Provincial es de USD 68.375.401. 55.718.130 se destinarán a inversiones, entre ellas para la vialidad: USD 33.566.077. Lo demás se repartirá para atender competencias como las de riego, gestión ambiental, y desarrollo económico.
Siempre resultará poco dinero si se quiere, como es el anhelo de los sectores rurales, una vialidad expedita, útil para la producción, el turismo y otras actividades económicas.
Esos sectores, a lo mejor ahora sienten el impacto de la oferta populista de eliminar la Tasa Solidaria cuya recaudación servía para mejorar las vías.
Parte de los proyectos de la actual administración del GAD Provincial son las vías Chordeleg-Principal, Nabón-Cochapata-Morasloma-Oña; y Gualaceo- Caguazhún.
El desarrollo del Azuay está incompleto sin vías rurales de primer orden. El reto es superar estas atávicas deficiencias.
