El manejo de los recursos públicos requiere de un inquebrantable compromiso de actuar con ética, de cumplir con leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y más disposiciones dispuestas por autoridad competente.
Los elegidos mediante voto popular para desempeñar tal o cargo público, desde la Presidencia de la República hasta miembros de una Junta Parroquial Rural, deben desempeñarse con absoluta transparencia.
No hacerlo, o hacerlo a medias, cayendo en omisiones o mirando a otro lado para evitarse cualquier contratiempo, equivale a traicionar la confianza popular.
Pero actuar y servir con transparencia, no solo son exigencias aplicables para los elegidos por el pueblo. De ninguna manera.
También caben para todo funcionario público, sin importar el rango, o si es escogido para determinado periodo.
Una administración pública -Municipios, Consejos Provinciales, sus respectivas empresas, por ejemplo-, más allá de la ejecución de obras, también es evaluada y juzgada por el correcto manejo de los recursos.
Al hablar de los recursos no solo nos referimos a los económicos. También a los bienes de cada entidad; al correcto suministro de los servicios otorgados a la comunidad, incluso a la calidad de atención. ¿Parece un extremo? No; jamás.
La Contraloría General del Estado ha emitido el informe de un examen hecho a la empresa ETAPA EP.
Revela el mal uso de bienes públicos: tanqueros y agua potable en beneficio de predios del ahora exsubgerente administrativo, de sus familiares y hasta de un privado, ubicados en jurisdicción ajena.
Para algunos podría tratarse de un asunto de poca monta, frente a los atracos millonarios perpetrados en el país.
Tales “abusos” son habituales en los entes seccionales. Pocos son denunciados ante la Contraloría. La mayoría no pasa de ser “comidillas del día a día”.
Ojalá el referido caso golpee la conciencia y la conducta de los funcionarios públicos para actuar con decencia.
