De acuerdo a lo que establece la Constitución, la función de velar por la seguridad de las personas debe ser cumplida primordialmente por el Gobierno Central, pues al mando de este, y específicamente del Presidente de la República, está la Fuerza Pública, integrada por la Policía y las FF, AA:
Empero, desde el comienzo del actual Gobierno su gestión sobre la seguridad ha sido deficitaria; por esto mismo en el último año la delincuencia y la criminalidad organizada se ha incrementado, los asesinatos se han triplicado y las masacres carcelarias han llegado a nueve.
Lamentablemente ha tenido que haber a una serie de actos terroristas, en ciudades como Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo. para que el Gobierno se de cuenta de la dimensión que está tomando el problema de la narco delincuencia y empiece a actuar con cierta firmeza; una actuación que habrá que ver cómo se desarrolla más adelante, pues la visión gubernamental para combatir la creciente inseguridad, tanto del crimen organizado como de la delincuencia común, es fundamentalmente seguritista y policiaca.
Si bien la compra de más armas, equipos y el incremento de número de policías, o los decretos de “estados de excepción”, pueden ayudar en algo y en el corto plazo; sin embargo, no resuelven las causas institucionales y estructurales del incremento de la delincuencia y la criminalidad en el país. Causas entre las cuales está la corrupción y complicidad con las bandas criminales dentro de las cárceles (pues las armas no entran solas), la reestructuración del sistema de inteligencia, la depuración de la institución policial, y el impulso de un plan social sostenido para reducir la desigualdad social y la creciente pobreza, que son el caldo de cultivo para el desarrollo de la delincuencia y criminalidad.
Por lo demás, el Gobierno debería trabajar en coordinación con otras instituciones del Estado, para enfrentar la inseguridad; una de estas es el Órgano Legislativo; por esto mismo sorprende la orden que habría dado el Presidente Lasso para que los Ministros, que tienen que ver con el tema seguridad, no comparezcan a los llamados de la Asamblea; una situación que desacata claramente los artículos 120 (numeral 9) y 154 (numeral 2) de la Constitución. (O)
