Con 84 votos, el Pleno de la Asamblea resolvió llamar a juicio político sólo a los miembros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, quienes supuestamente tendrían cercanía con el presidente Guillermo Lasso.
Mientras que se salvó a David Rosero, Sofía Almeida y Javier Dávalos, supuestamente afines al correísmo y al Partido Social Cristiano.
La decisión del pleno del Legislativo se tomó pese a que el informe de la Comisión de Fiscalización recomendaba el juicio político a los siete integrantes del CPCCS.
Además, dicho documento había sido calificado como extemporáneo por parte del presidente de la Asamblea.
