Tras casi nueves mes de haberse puesto como meta, los bloques legislativos del correísmo, socialcristiano –cuya alianza se consolida- y los disidentes de Pachakutik e Izquierda Democrática, censuraron y destituyeron a cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) al ser someterlos a juicio político.
En ese tipo de juicios cuentan los votos. Si los hay, como en este caso, los funcionarios, así se defiendan con argumentos y pruebas, de antemano deben darse por destituidos.
Esa fue la suerte de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
El país conoce el tira y afloja en torno al enjuiciamiento, las jugadas políticas bien urdidas en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cuyo informe era obvio para el inicio del proceso; legal además.
Pero el trasfondo tiene otro condimento. El país también lo sabe: el control del CPCCS es fundamental para quienes, aún desde las sombras, quieren autoridades alineadas a sus intereses políticos y corporativos.
Quieren un contralor, un procurador, un fiscal, alineados a sus designios; un Consejo Nacional Electoral y Superintendentes, prestos a los acomodos.
Ese organismo, creado por novelería política en Montecristi, nació con el membrete de ser apolítico; y, como tal, designar a aquellas autoridades.
Pero los resultados dicen lo contrario. Cada vez es más politizado. Nido de corruptelas. Se ha dicho: quien allí tiene mayoría tiene el verdadero poder, incluyendo el utilizado para lograr impunidades, desvanecimiento de glosas, archivo de denuncias, persecución a opositores, informes amañados…
Ahora mismo, tres consejeros alineados al correísmo y al PSC quedaron a salvo. Por algo será.
La destitución de los cuatro consejeros se da justo cuando el Consejo organizaba el concurso para nombrar un nuevo contralor. Por algo será.
Cuestionable rol de un organismo, siempre visto como demás dentro de la institucionalidad del país.
