La condonación de deudas, según lo revelan indagaciones periodísticas, le costará al Estado –léase BanEcuador- alrededor de USD 190 millones.
Bajo presión, y sin constar en el acuerdo original, el Gobierno terminó aceptando perdonar deudas de hasta 10 mil dólares.
Inicialmente, el equipo negociador del Régimen y el de la Conaie acordaron una condonación de hasta USD 3 mil.
El Gobierno alista el respectivo decreto, cuya demora es motivo para nuevas amenazas de movilización por parte de la Fenocin, una de las filiales de la Conaie, y “abanderada” de la causa.
En el campo financiero, un mecanismo de esa índole no es tan fácil de asumirlo, peor de aplicarlo sin discrecionalidad. Se trata de recursos públicos, en este caso fundamentales para entregar créditos a tanto ecuatoriano necesitado para emprender.
Los “beneficiarios” serían 25 mil clientes de BanEcuador. Según su gerente, hasta septiembre de 2022 la entidad tuvo pérdidas por USD 83 millones. La tasa de morosidad llegó al 22 %. Se la considera como la más alta del sistema financiero.
BanEcuador tiene recursos para cubrir aquellas pérdidas, pero la condonación restringirá su capacidad para colocar más créditos.
Tan pronto terminó el paro efectuado en junio pasado, el Gobierno ya condonó deudas de hasta USD 3 mil a 26.000 clientes. Eso le costó al Estado USD 58 millones; pero los movilizados quisieron más, presionaron, amenazaron, y lo consiguieron.
Y como si eso fuera poco, ahora la Fenocin exige más: condonar también a los deudores del Biees; es decir créditos productivos, quirografarios e hipotecarios, incluyendo intereses de mora, gastos judiciales y administrativos.
Todo eso con la amenaza de nuevas movilizaciones.
Bajo ese panorama, el Gobierno parece estar contra la pared. Mientras más tiempo se tome para publicar el decreto de condonación, a lo mejor le lluevan más exigencias.
Ojalá ese mecanismo no se convierta en la panacea para quienes se les ocurra simplemente no pagar sus créditos.
