En el Ecuador los políticos viven su propio “mundial”, ni visto ni interesado por quienes viven el verdadero Mundial de Qatar 2022.
El principal escenario es la Asamblea Nacional. Aquí todos quieren alzarse con el principal trofeo de ese juego, contrario al fútbol, perverso, maniqueo y de baja ralea.
Tal trofeo es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), ahora casi, casi en el limbo, y a merced de decisiones judiciales, sobre todo, de si a la mayoría de la Asamblea -el principal interesado en levantarlo- le da la gana o no de acatar resoluciones de los jueces.
Ese es el país político en la antesala del final de 2022, lapso durante el cual sectores plenamente identificados tienen un inconfeso interés por tomarse el Cpccs, pero, asimismo intuido por los ecuatorianos.
La Asamblea, donde se elaboran y reforman las leyes, se considera inmune a decisiones judiciales si no son de su agrado. Censurable posición de quienes deben dar ejemplo de respeto y de prevalencia del Estado de derecho.
En el caso del Cpccs, un juez invalidó la resolución de destituir a cuatro de sus vocales por fallas de fondo en el proceso de juicio político.
Aun así, la Asamblea se propuso posesionar a los alternos, en franco desafío hasta al sentido común. Estos actuaron con decencia y, por el momento, no se prestaron al sainete.
La acción constitucional, si es aceptada, como resultó en el referido caso, tiene efectos jurídicos inmediatos. Por eso los destituidos retomaron sus funciones. Pero fueron denunciados por “arrogación de funciones” por la mayoría de la Asamblea.
El Cpccs está ahora a merced del fuego jurídico, ya no solo político, si bien así ha estado desde hace cinco años. A esto abona el Gobierno al reconocer al Consejo integrado como estaba días atrás.
De alguna manera, la coherencia de los jueces está en juego. Una vez más la lucha política de trastienda la debe dirimir el poder Judicial, no siempre independiente.
