Una vez más el denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha sido escenario de una pugna por su control; esto luego de que un Juez del cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, desconociera la censura y destitución de 4 de los 7 miembros de CPCCS, realizada por la Asamblea Nacional.
Es potestad constitucional del órgano Legislativo del Estado, en este caso de la Asamblea Nacional, el enjuiciamiento político de las autoridades de los diversos órganos del Estado (art. 131); y dado que se trata de un juicio político, y no un juicio jurídico, no cabría interponer un recurso jurídico para que cualquier juez pueda anular una resolución política realizada por la Legislatura; un asunto que en su momento ya lo hiciera notar la propia Corte Constitucional, al señalar que en un juicio político priman razones subjetivas ( políticas), mientras en un juicio jurídico priman razones objetivas (jurídicas).
Lamentablemente, en los últimos años, se está cometiendo la aberración jurídica de pretender anular resoluciones de altos órganos del Estado acudiendo a “acciones de protección” ante un determinado juez; una situación que no sólo denota la creciente judicialización de la política que se está dando en Ecuador, sino también el fortalecimiento de la politización de la Justicia que viene ocurriendo desde Gobiernos mente anteriores.
Con esto lo que se asiste en Ecuador es a un nuevo episodio de la aguda crisis de institucionalidad que padece el Estado y a una nueva muestra del creciente irrespeto al marco jurídico de la democracia representativa (al “Estado de derecho”); una crisis e irrespeto cuya causa de fondo es la pretensión controlar el CPCCS y, por esta vía, supeditar a los órganos de control del Estado, es decir, continuar con su politización y partidización.
Esto lo hizo ya el Gobierno de Correa, luego el Gobierno de Moreno (a través del llamado CPCCS transitorio) y hoy lo pretende hacer el Gobierno de Lasso, pues recordemos que la pugna en el actual CPCCS comenzó cuando este Gobierno promovió, y apoyó incluso con la fuerza policial, una cuestionable remoción de las anteriores autoridades del CPCCS por parte de los 4 consejeros cercanos al régimen de Lasso. (O)
