La salida de la cárcel por parte del exvicepresidente Jorge Glas ha puesto varios temas en la agenda política. Uno de ellos es el desconocimiento de los resultados de la tan llamada “reparación al Estado”. Son más de 100 millones de dólares que el Estado tendría a su favor a consecuencia de dictámenes judiciales en los casos de corrupción que se han presentado en las cortes nacionales. De estos casos, de manera específica, a Jorge Glas le corresponde pagar más de 8 millones.
La preocupación sobre el caso Glas ha girado alrededor de los instrumentos legales a los que la defensa ha recurrido para lograr, bajo el encuadre de la protección de los derechos del acusado, condiciones más flexibles para el cumplimiento de las sanciones. Es decir, la temática ha girado sobre el sistema judicial. Sin embargo, poco se conoce sobre los resultados efectivos en materia de recuperación económica como forma de reparar los daños cometidos contra la nación.
Cuando la conversación trata sobre la corrupción es la cárcel el principal premio contra los corruptos, por ello tanto la clase política como mediática pone la atención en los dictámenes y los procesos que lleven al encarcelamiento de los culpables. Sin embargo, el recurso de prisión oculta formas de sanción que inclusive pueden llegar a ser más efectivas para corregir y prevenir la corrupción, este es el caso de la exigencia de la devolución de los valores que hayan sido debidamente identificados y sancionados por los jueces.
El caso Jorge Glas, indistinto de la discusión política en la que este país seguirá en eterno desencuentro, debería permitir una reflexión más práctica sobre la reparación al Estado. El seguimiento que el sistema judicial debe hacer al cumplimiento de la sanción no debe reducirse a los días de permanencia en la cárcel sino también tratar sobre la deuda con la sociedad, que en casos de corrupción se debe saldar en dólares.
