Durante la semana que termina el Presidente Lasso realizó la convocatoria oficial a la consulta popular que, bajo figura de referéndum, contiene 8 preguntas para enmendar la Constitución. Se trata de una consulta que, como era de esperarse, ha conllevado un debate sobe los objetivos que tendría la misma.
Nadie discute que el presidente de la República tiene la facultad de solicitar la convocatoria a una consulta popular para enmendar la Constitución (artículo 441), toda vez que las preguntas ya han recibido el aval final de la Corte Constitucional; sin embargo el debate se da sobre si, una eventual respuesta positiva a dichas preguntas, permitirá cumplir con las expectativas creadas por Gobierno en la población, esto es, de que con la consulta tendremos un país mejor” para todos”; algo que, hay que recordarlo, ya se prometió por parte del Presidente Lasso tanto en la campaña electoral, como al inició de su gestión.
Si se analizan con objetividad las preguntas para la consulta, sin duda se puede colegir que estas no permitirían resolver los graves problemas que agobian a la mayoría de la población ecuatoriana, como son: la pobreza, el desempleo, la falta de medicinas en los hospitales, la falta de cupos en la Universidades, el deterioro de los servicios públicos, la migración, etc.. ; ni siquiera solucionarían los problemas que tendrían una relación directa con esas preguntas, como son: la grave inseguridad y criminalidad, el deterioro creciente de la institucionalidad democrática y la degradación del medio ambiente; pues, ni con la consulta ni con la gestión que ha tenido hasta ahora el Gobierno, se busca enfrentar las causas de fondo que llevan a estos problemas.
En estas condiciones: ¿Para qué la consulta?. Al parecer, más allá de lo que dice el Presidente, lo que se buscaría es aumentar su grado de aceptación social (o legitimidad), sobre todo cuando la aprobación de su gestión ha caído a un 15 % y dado que, para las elecciones seccionales del próximo 5 de febrero, no ha presentado candidatos electoralmente fuertes. Un aumento de la legitimidad que le resulta necesario, al Presidente, para llevar adelante las tareas neoliberales (como las privatizaciones, por ejemplo) que hasta ahora no las ha podido realizar. (O)
