Como si la excarcelación de Jorge Glas, dispuesta por un juez poco confiable, no fuera suficiente, ahora surge la concesión del asilo diplomático a María de los Ángeles Duarte, exministra del gobierno de Rafael Correa. Esa es la decisión del gobierno de Argentina, dirigido por Alberto Fernández.
Dentro del caso Sobornos 2012-2016, la Justicia de Ecuador condenó a Duarte a ocho años de cárcel junto a otras exfiguras del régimen de Correa, como Glas y el mismo expresidente, ahora prófugo en Bélgica cuyo gobierno le habría otorgado el asilo antes del pedido de extradición.
Desde agosto de 2022, la exministra se aloja en la Residencia Oficial Argentina, en Quito, en calidad de “huésped por razones humanitarias”.
Según la Cancillería de ese país, a ella se le concedió el asilo en ejercicio del derecho contemplado en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954; y por lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ha señalado, además, la preocupación expresada por el Relator Especial de la ONU sobre “vulneraciones al debido proceso” y a “otras garantías judiciales”.
Esto, con relación al proceso judicial seguido en Ecuador, cuyo desenlace fue la sentencia condenatoria.
Para la Cancillería ecuatoriana, las convenciones internacionales excluyen del referido beneficio a condenados por delitos comunes, como el cometido por Duarte en calidad de coautora del delito de cohecho o soborno, según lo determinaron los jueces.
“El cohecho o soborno se halla tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la corrupción”, fue otra de las respuestas de Ecuador al canciller argentino.
Los sentenciados por ese caso están prófugos, posiblemente en países gobernados por sus camaradas, no libres tampoco de la corrupción, como ocurrió en Argentina durante el Kirchnerismo.
Una posible afrenta más al Ecuador honesto se avecina, en tanto los asilados por sus amigos, desde donde están hasta conspiran contra el orden constitucional del país.
