Las vías intraprovinciales se pueblan de negocios de todo calibre, un problema no advertido por quienes tienen la responsabilidad de planificar y controlar.
O, si lo advierten, lo dejan pasar por alto, si bien la factura acumula muchas cuentas pendientes.
La pandemia fue el mejor pretexto para tal expansión. Se argumenta la necesidad de reactivarse económicamente.
Todos los ecuatorianos tienen el legítimo derecho de trabajar. Esto es indiscutible. Pero también deben cumplir deberes y obligaciones, en este caso los dispuestos en leyes y ordenanzas municipales.
Quienes circulen por la vía Cuenca-Girón-Pasaje, la Cuenca-Molleturo-Naranjal, la Cuenca-Oña-Loja, entre otras han de notar la proliferación de negocios, prácticamente a orillas o, en el mejor, de los casos, a escasos metros de distancia.
Grandes comercios, entre ellos ferreterías, los agroquímicos, compra venta de vehículos, restaurantes, jugueterías, mecánicas, lavadoras de automotores, y hasta prostíbulos, estaciones de combustible “una tras otra”, son parte de esa especie de cordón urbanístico.
Describir la cantidad de negocios y hasta de “terminales terrestres” existentes, por ejemplo, a la altura del control sur (entrada a Baños), ya es redundante. Y lo es por cuanto la autoridad municipal se ha desentendido del todo.
Una norma establece el espacio entre la vía y la línea donde debe construirse; pero, por lo general, se la pasa por alto.
Los negocios y comercios existentes carecen de parqueaderos. Si los tienen, son demasiados pequeños.
¿Acaso eso no implica potenciales peligros, como atropellos, choques, colisiones, dificultad para el libre tráfico vehicular, amén de acumular desechos?
Los vehículos son estacionados frente a esos negocios, volviendo más peligroso el tráfico.
Si por milagro, algún día se deciden ensanchar las vías, ¿cómo procederán? El abortado proyecto de construir el acceso sur a Cuenca nos aproxima a la respuesta.
Pero, lo repetimos, ese problema a nadie inmuta. Empero, vale exponerlo.
