En los exteriores de la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lasso, presentó una reforma a la Constitución de Montecristi que permitirá que las Fuerzas Armadas apoyen activamente a la Policía Nacional, en la seguridad interna del país.
En el decreto ejecutivo presentado la mañana de este miércoles 7 de diciembre de 2022, Lasso basó su decisión excusándose en el artículo 442 de la Constitución del Ecuador que faculta al presidente solicitar un referéndum para reformar parcialmente la Constitución.
Contexto social para la propuesta de reforma
Según el comunicado, emitido por el primer mandatario y basado en el Índice Global de Crimen Organizado informa que:
- Ecuador se encuentra dentro del 16 % de Estados con mayor presencia de criminalidad.
- En los últimos 5 años, organizaciones criminales transaccionales, como carteles y grupos irregulares, se enfrentan violentamente por el control criminal en el país, causando muertes e inestabilidad social.
- Grupos criminales de Ecuador usan armas, municiones y explosivos letales.
Por esto se estima que el mercado ilícito más grande del Ecuador es el tráfico de armas, superando al narcotráfico. Lo que hace que la capacidad operativa de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado sea ineficiente. enfatizó el primer mandatario en el comunicado.
Propuesta
Por la alta inseguridad que pone en peligro la dignidad humana, el Gobierno Nacional plantea la propuesta de reforma parcial que garantice la protección de derechos humanos, a través de un mecanismo que permita que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, sin que exista una declaratoria de estado de excepción.
Pregunta
¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?
Proceso de propuesta de ley
La propuesta de reforma firmada por Lasso, el 31 de octubre de 2022, fue enviada a la Corte Constitucional, la misma que determinó el 28 de noviembre, que el proyecto no restringe los derechos y garantías de los ecuatorianos y pasará a la Asamblea Nacional para que la tramíte de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.
