Ecuador estrena catorce jueces especializados en corrupción y crimen organizado.
La denominación, de por sí sola, causa expectación en el país, plagado de prácticas corruptas al más alto nivel.
Las reformas al Código de la Función Judicial permitieron la creación de tales magistraturas. Tras un largo proceso de formación y selección fueron posesionados los nuevos jueces, encargados de “doblegar las estructuras criminales” existentes quien sabe desde cuándo; y, a lo mejor, con la aquiescencia hasta del poder político.
Ellos tienen amplia experiencia en el área judicial. Empero, no será suficiente para enfrentar a monstruos, capaces de amenazar, tentar, asesinar y hasta de mimetizarse en los recovecos de la administración de Justicia. Y por eso tendrán la máxima seguridad.
Su alta calidad ética y moral, su preparación académica, su compromiso para luchar contra la corrupción y el crimen, las pondrán en juego en el desempeño de tan delicadas funciones.
Los magistrados juzgarán 43 tipos de delitos. Siete de ellos relacionados con el peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, testaferrismo, tráfico de influencias, y ofertas de llevar a cabo estas mañas.
Resolverán, además, los relacionados con el crimen organizado: genocidio, esclavitud, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, trata de personas, delitos de lesa humanidad, tráfico ilícito de migrantes, secuestro extorsivo, entre otros.
Los respectivos procesos penales deberán cumplir con requisitos. El delito debe ser perpetrado por una estructura criminal organizada; las acciones delictivas deben tener connotación nacional o internacional; y deben existir víctimas con graves afectaciones.
Su misión, entre otras, será conseguir eficiencia en la sanción de los delitos, sobre todo la reparación integral.
Ojalá la cruzada anticorrupción y la lucha contra el crimen organizado cuenten con el apoyo de todos, sin miramientos, tintes políticos, peor con apatía.
