La Cancillería convocó este martes, 13 de diciembre de 2022, al embajador de Argentina, Gabriel Fucks, para pedirle explicaciones sobre el contenido de distintas notas de prensa, que refieren que su Gobierno habría dado un «ultimátum» a Quito en el caso de la exministra María Duarte, que espera un salvoconducto para acogerse al asilo diplomático otorgado por Buenos Aires.
«Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.
Como expresó en su nota entregada a la Embajada de Argentina el pasado 7 de diciembre, -anotó- el Gobierno ecuatoriano está analizando «desde el primer momento la nota del 1 de este mes del canciller argentino Santiago Cafiero», sobre la situación de Duarte «condenada por actos de corrupción».
El Gobierno «adoptará una decisión en el marco del derecho internacional, las convenciones aplicables a la materia y la legislación ecuatoriana, que la dará a conocer a la República Argentina y a la opinión pública en su oportunidad», finaliza el escrito.
Salvoconducto
El pasado martes, el equipo legal que lleva la defensa internacional del expresidente de Ecuador Rafael Correa y sus allegados condenados por corrupción, aseguró que el Gobierno ecuatoriano «debe conceder el salvoconducto» a Duarte para viajar a Argentina, donde se le concedió asilo diplomático.
En un comunicado, la firma de abogados belga Ius Cogens consideró «falsa» la afirmación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, para quien «las convenciones que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes».
El estudio, con sede en Bruselas, señaló que «dado que el juicio a María de los Ángeles Duarte fue de manifiesto injusto; no corresponde al Estado perseguidor -Ecuador-, en el ámbito de una demanda de asilo, determinar si ha violado o no los derechos fundamentales del solicitante».
