Desde 2018 hasta la fecha, la hermana República del Perú ha tenido un total de 6 presidentes (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte), si bien es cierto, el último en sucumbir fue Castillo, no obstante, su salida no es la solución para poner fin a la crisis política.
Sin embargo, para analizar la volatilidad con la cual se cambia de jefes del Ejecutivo en el Perú, es necesario considerar su texto constitucional, el cual nació al amparo de las ideas de Alberto Fujimori, en 1993, donde destacan por lo menos 2 situaciones:
La primera, que consta en el numeral segundo del art. 113, que señala que la vacancia del presidente puede ser declarada por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”, criterio sumamente subjetivo, y que ha sido usado por la oposición desde el Legislativo, para presionar y cambiar de jefes de Estado.
Y, la segunda, que consta en el art. 134, y que se refiere al poder que tiene el Presidente de la República, para “… disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.
Lo que ocurrió el pasado 7 de diciembre de 2022, se dio al amparo de este conflicto normativo y político, pues, el presidente Pedro Castillo, conocedor de que, en horas de la tarde, el Congreso Nacional votaría su vacancia por supuesta incapacidad moral (acusaciones de corrupción), si bien intentó aplicar el art. 134, sin embargo, en un polémico discurso, no solo que disolvió el Congreso, sino que, sobrepasó sus atribuciones al: 1. Establecer un gobierno de emergencia excepcional; 2. Convocar a elecciones para un Legislativo que tenga facultades constituyentes para cambiar la Constitución; 3. Declarar en reorganización el sistema de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional).
Luego del autogolpe de Castillo, el Congreso Nacional, no dudó en aplicar la norma constitucional, establecida en el numeral segundo del art. 113, y declarar su vacancia, y continuar con la sucesión presidencial, y posesionar a la Vicepresidenta, Dina Boluarte.
No obstante, el problema no termina aquí. Pues, por lo menos se han presentado 3 situaciones que pueden generar consecuencias en la política del Perú: 1. Castillo fue detenido, y se encuentra bajo investigación por el delito de rebelión. 2. En paralelo, la defensa del expresidente ha solicitado asilo político al gobierno mexicano, por lo que un tercer actor, ingresa en la polémica; y, 3. Pese a que Boluarte juró su cargo para lo que reste de su período, debido a las protestas en todo el país, ha comunicado su decisión de enviar un proyecto de ley para que se realicen elecciones anticipadas en 2024.
Una posible solución para el Perú, no debe venir tan solo desde lo político, sino también desde lo institucional y constitucional, caso contrario, la inestabilidad y la ingobernabilidad seguirán siendo una constante. (O)
