Los partidos del oficialismo chileno han firmado con cierta resignación el acuerdo para un nuevo proceso constituyente alcanzado esta semana y algunos parlamentarios, que se resisten a aceptarlo tal y como se anunció, intentarán aprovechar la última oportunidad para corregir los aspectos más polémicos del texto durante su tramitación en el Congreso.
El acuerdo está ahora a punto de convertirse en un proyecto de reforma constitucional que tendrá que ser aprobado por 4/7 de los parlamentarios en un tiempo récord porque, según lo acordado, en enero un comité de 24 expertos tiene que empezar a escribir un texto que servirá de base para la redacción del articulado que elaborará un Consejo Constitucional electo.
«NUDOS» PARA LA IZQUIERDA
“Las bases de los partidos de izquierda sienten que este acuerdo fue firmado por sus dirigentes sin escuchar del todo las demandas de una convención 100 % electa y sin ninguna clase de tutela”, dijo el politólogo de la Universidad de Talca Mauricio Morales.
El Partido Comunes, miembro del conglomerado el Frente Amplio, al que pertenece el partido del presidente Gabriel Boric y que integra la coalición gubernamental, lamentó en un comunicado el miércoles que en el pacto “existen excesivos elementos de tutelaje que restringen el debate democrático”.
La reducción de integrantes del órgano redactor respecto a las aspiraciones iniciales (serán 50 integrantes), un sistema de elección que reproduce el del Senado y la falta de participación ciudadana complican a las fuerzas más pequeñas de la alianza oficialista.
“El sistema electoral del Senado desincentiva su voto pues las regiones más grandes como la Metropolitana y Valparaíso, donde es fuerte la izquierda, eligen el mismo número de consejeros que otras mucho más chicas”, lo que puede dejar a algunas fuerzas sin posibilidad de presentar sus candidaturas, explicó Morales.
Para el jefe de la bancada del Partido Comunista, el diputado Boris Barrera, “el principal nudo” es que los expertos “tendrán la posibilidad de vetar” el texto escrito por el Consejo y, según dijo a EFE, es una atribución que “no debieran tener porque no son electos por la ciudadanía”.
Una de las diputadas comunistas con mayor notoriedad, Karol Cariola, declaró en una entrevista a la prensa local este jueves que “no está para nada de acuerdo con el acuerdo”.
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter, jefe de la bancada frenteamplista, comentó a EFE que a pesar de los déficits, “no significa que no sea un acuerdo positivo” y destacó que “su transversalidad significa que todos debimos aceptar cosas que no nos gustan”.
“ADMINISTRARLO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE”
Para los partidos de la centro-izquierda tradicional, el grado de satisfacción es un poco más manifiesto, aunque está por ver cuánto puede beneficiar el acuerdo a sus intereses electorales.
“No estamos 100 % satisfechos ni conformes, pero ante la dureza de algunos sectores hay que administrarlo de la mejor manera posible”, consideró a EFE Cristian Tapia, jefe de bancada del Partido por la Democracia.
Su homólogo del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, destacó a EFE que su partido piensa “en el bien superior del país” y se mostró “optimista” para lograr el apoyo de los parlamentarios al proyecto.
Quien sí se ha mostrado satisfecha por haber conseguido varios de los puntos a su favor es la coalición de derecha Chile Vamos, que desde el inicio marcó el ritmo de las negociaciones, reforzada por el apabullante triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.
“Es un buen acuerdo y viabiliza la crisis institucional que estamos viviendo”, señaló a EFE Francisco Undurraga, jefe de bancada de Evópoli, quien aseguró que su sector aprobará el texto “originalmente anunciado”, sin indicaciones.
Al margen del pacto quedaron la extrema derecha y la derecha populista del Partido de la Gente, que no son partidarios de cambiar la actual Constitución.
INDICACIONES Y TIEMPOS
El Partido Comunes, en su comunicado, expresó sus intenciones de hacer «mejoras» al proyecto durante su tramitación, lo que fue reprochado por el presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic: “Me parece inaceptable que hoy estén diciendo que le van a hacer cambios”, espetó en una entrevista.
Pero Comunes no es el único partido de la coalición de gobierno que apunta a modificar el acuerdo original.
“Si hay posibilidades de mejorarlo hay que hacerlo”, indicó a EFE Boris Barrera. Por su parte, el diputado Winter sostuvo que “por el momento, el acuerdo carece de mecanismos explícitos de participación ciudadana y quiero pensar que esto puede ser mejorado”.
Otros sectores del oficialismo, en cambio, apuestan por agilizar los tiempos al máximo.
“No vamos a presentar indicaciones, el proyecto debe salir rápidamente para cumplir con los plazos porque el tiempo es muy acotado”, señaló Ilabaca. Según sus proyecciones, la discusión legislativa podría alargarse por lo menos hasta mediados de enero.
“Hay que esperar que el Ejecutivo sea consistente y le dé carácter de urgencia al proyecto”, señaló el académico de la Universidad de San Sebastián Jaime Abedrapo.
Según los expertos, si se retrasa la discusión, se producirá un efecto dominó que postergaría primero las elecciones de constituyentes, previstas en abril, y luego el plebiscito para ratificar la propuesta constitucional, que podría saltar de noviembre de 2023 hasta enero de 2024. EFE
