El país vuelve a ser consultado. La noticia no es novedad en la historia ecuatoriana más reciente. A la consulta popular que tendrá lugar en febrero de 2023 le antecede la de febrero de 2018 convocada por Lenin Moreno, la de febrero de 2017 en la época de la Revolución Ciudadana y anterior a ello la de mayo de 2011 que reformaba parcialmente la Constitución que había sido ratificada en el Referéndum del 2008 ante la consulta convocante de 2007.
Contrario a lo que se cree sobre el valor democrático de consultar al pueblo, cada proceso resulta siempre en una reducción de la discusión. Trasladar la consulta al pueblo en un producto plebiscitario y emocional es una irresponsabilidad que promueve mayor polarización y lastima profundamente el debate y la deliberación.
Más consultas no son indicador de más democracia ni de mayor conversación. El resultado de una convocatoria al pueblo dependerá de la capacidad de fomentar el debate, un espacio en el que, lamentablemente la comunicación electoral se ha encargado de dividir en dos una conversación que debe tener más aristas.
La responsabilidad sobre un debate profundo, diverso, plural y de calidad, no está exclusivamente en el votante. La propuesta que se genere desde los medios de comunicación, desde el gobierno convocante, y desde los espacios y organizaciones interesados en la temática involucrada en esta nueva convocatoria debe promover la deliberación, sin movilizar a posturas polarizadoras, con respeto a todas las opiniones. Sería una irresponsabilidad la promoción de clivajes que reducen la conversación.
El resultado de febrero próximo no debería colocar a la población entre el Sí o el No. Queda un poco más de un mes para fomentar una conversación que ponga sobre la mesa la diversidad de opiniones que giran alrededor de la extradición, autonomía de la Fiscalía, número de asambleístas, movimientos políticos, designación de autoridades -entre ellas las del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-, protección hídrica y compensaciones a servicios ambientales. Son ocho temas que requieren una deliberación amplia y razonada en los que las opciones también pueden variar.
