Los problemas económicos del país, particularmente el persistente déficit fiscal, y la propia concepción económica del Presidente Guillermo Lasso llevó a éste realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo cual su Gobierno ha ido recibiendo periódicos créditos por parte de esa institución; el último de estos, anunciado por el Gobierno, es de 700 millones de dólares. Pero, estos créditos se han dado a cambio del cumplimiento de ciertas metas económicas por parte del Gobierno.
Se tratan de metas que conllevarían la adopción de una serie de medidas que no son nuevas y que forman parte de los conocidos planes de “estabilización económica” y de “ajuste estructural” promovidas por el FMI, que han sido aplicadas en diversos países del mundo desde hace varias décadas; y que, además, no son ideológicamente neutras, sino que corresponden a una concepción de la economía conocido como neoliberalismo.
Conceptualmente el neoliberalismo plantea, entre otras cosas, la privatización (directa o vía concesión) de las empresas públicas, la reducción del gasto estatal (vía la eliminación de subsidios, despidos de empleados públicos, reducción de la inversión pública y social), la liberalización económica ( con la liberación de precios de ciertos bienes y servicios, y una apertura total a la inversión y comercio extranjeros), el incremento de los impuestos directos e indirectos, una política salarial restrictiva y la flexibilización laboral.
Algunas de esas medidas, enmarcadas en el acuerdo con el FMI, ya ha tomando el Gobierno, como es por ejemplo la liberación del precio de ciertos combustibles, el despido de empleados del Estado y la reducción del presupuesto para áreas sociales como la educación, la salud y la seguridad social; mientras que otras medidas, que tienen que ver con la flexibilización laboral y un nuevo incremento de tributos, están a la espera.
Lo problemático es que esas medidas (como sucedió en Ecuador en los años 80, 90 y en los primeros años del siglo XXI, y como ha sucedido en otros países donde se adoptaron), no lograron resolver la crisis fiscal ni reactivar la economía; más vale agudizaron la recesión, la desigualdad y otros problemas sociales; provocando, con esto, conflictos sociales y políticos. (O)
