Los bosques y los páramos son fundamentales en el ciclo del agua: ayudan a mantener una elevada calidad de esta, influyen en la cantidad disponible, regulan la temperatura, contribuyen a la reducción de riesgos como desprendimientos de tierra, inundaciones y sequías, más los múltiples servicios ambientales que prestan a todas las especies vivas; sin embargo, en las últimas décadas hemos perdido una alta extensión de bosques debido al aumento de las actividades humanas que representa, según la FAO, un área bastante grande en comparación con otros países de la región con mayor territorio. En el Azuay un total de 1310 hectáreas han sido afectadas en el 2022 por incendios, esto es 97% más en relación al 2021 pero, además, el incremento de la frontera agrícola, el crecimiento desordenado de la ciudad y la amenaza minera latente coloca a bosques y páramos de la provincia en una situación de altísima vulnerabilidad. La responsabilidad social, ética y ambiental que pesa sobre las actuales autoridades es enorme, han pasado varios meses de la aprobación del PDOT y el PUGS de Cuenca y aún no se publica en el Registro Oficial; estos planes recogen la decisión de la población para proteger las fuentes hídricas y más allá de las dudas que provoca este injustificado retraso, nos pone en peligro extremo frente a este gobierno neo-extractivista que ha decido el despliegue de un plan estratégico militar y policial para brindar seguridad a las inversiones mineras en el país. (O)
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