Algunas cifras recientes del país evidencian un buen desempeño macroeconómico (lograr un superávit de 0,9 % del PIB en 2022, aliviar la deuda con los acreedores externos privados, sustituir deuda onerosa con deuda multilateral, con mejores tasas y plazos, menor deuda pública, de 64 % a 55 % del PIB), nos abre una experiencia satisfactoria con el FMI para mantener el flujo de financiamiento y evitar que el riesgo país y las tasas de interés aumenten. Si bien estos resultados se explican por el alto precio del petróleo, la baja ejecución de la inversión pública no contribuye a la productividad y el bienestar.
En este contexto, han sido las empresas las que han recurrido a un mayor porcentaje de financiación para cubrir sus necesidades de liquidez e inversión a través de la banca, ya que en el mercado ecuatoriano, que no es una economía basada en los mercados de capitales, frente a otras de la región y el mundo tradicionalmente menos bancarizada, las empresas encuentran esta financiación como su mejor opción. Sin duda la situación actual de solvencia de la banca, mucho más fortalecida que en la crisis pasada, sigue desplazando a la financiación con recursos provenientes de los mercados de capitales. En cualquier caso, es esperable que a medida que el entorno económico mejore, vuelvan a recuperarse los niveles de actividad y la productividad porque es determinante para que las economías progresen. Y esto es así porque los aumentos de productividad permiten que crezca la renta per cápita; contribuyen a la mejora de la competitividad de las empresas, lo que a su vez les permite ganar presencia en los mercados internacionales, y posibilitan que aumente los salarios sin generar tensiones inflacionistas ni aumentos del desempleo. Además, el crecimiento de la productividad —y los aumentos salariales que lleva consigo— es un factor clave en la capacidad de atraer y retener talento por las empresas, organizaciones y territorios, y permite también el aumento del salario mínimo al que suelen optar los trabajadores menos cualificados, promoviendo de esta forma la reducción de las desigualdades. Por último, permite sostener el sistema público de pensiones en particular y el Estado de bienestar en general. (O)
