El tema resulta desde todo punto de vista inaudito. Quiero decir, la desfachatez con la que se anuncia, sin más ni más, que los planes para iniciar la perforación de Loma Larga – Quimsacocha, gozan de buena salud e iniciarán en el 2023. ¿Y qué pasó con la consulta popular que prohíbe la minería en el páramo y lo ratifica en el nuevo Plan de Uso y Gestión de Suelo, vigente desde ayer? Porque, si algo tenemos claro, es que los cuencanos mandamos en nuestra tierra y es el municipio de Cuenca (nadie más, que quede claro), el que decide en cuanto al uso del suelo. Así que aquello de los caminos de acceso, campamentos y demás, estará sujeto a autorización, misma que, en un área protegida no se puede conceder, así de fácil.
Y claro, anuncian con bombos y platillos una inversión que bordeará los 400 millones de dólares, que el valor presente de la inversión minera supera los 4.00 millones, que se pagarán impuestos por algo cercano a los 13.000 millones en los próximos 20 años. Espejismos nada más, que ignoran la pregunta central ¿Cuánto de esos muchos millones se quedará en el territorio? Porque, hasta donde sé, los impuestos van a la capital y las utilidades a la empresa. ¿Y cuánto queda en el territorio? Pues, más allá de las migajas invertidas en alguna escuela o algún centro de salud parroquial, con el que se pretende comprar la conciencia del pueblo y la vida del páramo a precio de ganga, no quedará mucho ciertamente. Las decenas de miles de millones de dólares generadas en décadas de explotación petrolera en el oriente ecuatoriano, cada vez más pobre y más contaminado, son la triste prueba: ¡nada o casi nada queda quienes pagan los platos rotos de la contaminación!
Y mucho cuidado con aquello de que al 2026, la minería será la principal actividad económica del Azuay. Este es un pueblo de cultura, industria, turismo y ciencia. No es un pueblo dispuesto a hipotecar su futuro, una vez más, al volátil y caprichoso precio del oro que antes fue el petróleo. Que no se les olvide… (O)
