En los diversos órdenes de la vida como en los asuntos del Estado debemos proceder trabajando por el bien común, la libertad y la paz, limpiando el camino de los obstáculos, buscando siempre la superación de las condiciones negativas.
La seguridad ciudadana y la seguridad jurídica son pilares del orden justo.
En esta línea, la mayor preocupación radica en el impacto de la delincuencia como el asesinato, robo, violación y sicariato, agravados por el crimen organizado, hechos que exigen soluciones integrales. Los datos sobre el decomiso de estupefacientes cifran doscientas toneladas, siendo el Ecuador, según la ONU, el tercer país del mundo que más droga incauta. Dato que demuestra la acción gubernamental para eliminar el nivel expansivo de la delincuencia. El gobierno debe hacer más.
Pero, con objetividad cabe reconocer que en gran medida se está actuando con responsabilidad, por eso debemos apoyar su gestión y la convocatoria a la Consulta Popular, que según las encuestas realizadas más del sesenta por ciento de la ciudadanía apoya, en especial las preguntas relativas a las necesarias reformas del sistema constitucional y penal vigentes.
Se requiere ir al fondo del problema, y como muchos, insisto en la necesidad de una Constitución que defina lo esencial y profundice la reforma Judicial, de los organismos de control, la reforma de la función legislativa, exigiendo capacidad y honestidad cívica a sus integrantes. Lo que de suyo es una condición socialmente indispensable para integrar el servicio público en su totalidad, en especial las funciones Legislativa y Judicial, porque en ellas radica la responsabilidad de legislar y aplicar las leyes por juristas de alta probidad y competencia. (O)
