La institucionalidad está hecha trizas en el Ecuador. Y lo está desde hacía muchos años atrás.
Dentro del turbio juego de poderes, en algunos casos hasta producto de enemistades personales, se actúa a propósito; o eso parece.
No de otro modo puede entenderse cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) es sometido a lo peor de lo peor, si bien, paradójicamente, todos quieren timonearlo.
Pero también se ha sometido así mismo, producto del canibalismo político; de haber sido convertido, por parte de algunos consejeros, en fortín, primero de su modo de vida, segundo, en bandera de la vergüenza institucional, donde cada quien busca acomodo y favorece el acomodo de otros.
No ha sido capaz, en cinco ocasiones, de designar al presidente del Consejo de la Judicatura, ni siquiera por mandato expreso de la Corte Constitucional (CC). El último intento resultó un juego de ajedrez entre ciegos.
A lo mejor ni lo pueda designar si prácticamente está en acefalia. No hay suplentes de los suplentes. Cinco de los titulares pretenden seguir apoltronados en ese mal llamado “quinto poder”, la novelería refundacional gestada en Montecristi a pretexto de revolución.
Podría quedarse en cero, si la CC, por incumplimiento de sentencia judicial, destituye a cuatro consejeros.
La mayoría de la Asamblea Nacional -otra quintacolumnista del Cpccs por no poder controlarlo- no posesiona al Superintendente de Bancos nombrado por este organismo, pese a tener el aval de un juez.
El referido Consejo no nombra aún a titulares para la Contraloría; Defensoría Pública; Defensoría del Pueblo; CNE; Contencioso Electoral, Superintendente de Protección de Datos; peor al presidente de la Judicatura.
Si gana el referendo constitucional propuesto por el Gobierno (pregunta 5), los procesos para elegir a tales autoridades se declararán desiertos. Y quienes las dirigen y no han sido reemplazadas seguirán prorrogándose.
El Ecuador, así nomás comienza 2023 en materia institucional. Censurable.
