A finales de 2022, el Gobierno se comprometió a revelar nombres de los candidatos ligados al narcotráfico, hoy por hoy la principal amenaza para la seguridad interna del país.
Eso no ha ocurrido hasta el momento. Lo hizo, más bien, el Frente Parlamentario Anticorrupción cuyas denuncias las presentó a la Fiscalía General para las investigaciones de rigor.
Según expresiones de los asambleístas miembros del Frente, las denuncias son el resultado “de sus investigaciones de las supuestas relaciones entre el narcotráfico y candidatos a las elecciones seccionales de este año”.
Entre los sospechosos figuran nombres de candidatos, asesores y otros políticos. La mayoría pertenecen a las provincias donde el narcotráfico ha sentado sus bases y ocupa sus territorios para cometer su criminal negocio.
Ni bien ha comenzado la campaña electoral, las denuncias atizan un fuego peligroso, comprometedor y desafiante, tanto para quienes la hacen, cuanto para los inmersos en las campañas de los denunciados.
Pero, al mismo tiempo tienen su grado de valentía, tanto más cuando ese tipo de sospechas no es de ahora, pues la alerta temprana nunca fue sopesada por los organismos de control.
Las investigaciones permitirán confirmar o no las denuncias, si bien algunos candidatos involucrados las niegan; igual sus coidearios y en tono desafiante e inquisidor.
Los denunciados tendrían vínculos, comerciales en especial, con conocidos narcos, unos fallecidos durante las masacres en las cárceles; otros detenidos en Ecuador y en otros países.
El Frente entregará más información. A su juicio, confirmaría el financiamiento de la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción al sistema político.
Eso ya ha ocurrido en otros países vecinos, con las consecuencias por todos conocidas; e igual los efectos, no solo para la seguridad y la paz social, sino hasta para la democracia.
Aún es hora –así lo creemos- no solo de espantar a tan poderoso enemigo, sino de terminarlo con la ley en la mano y la fuerza colectiva.
