Escribí sobre este tema hace más de 7 años cuando se eliminó el 40 % de aportes del estado al fondo de pensiones por decisión del gobierno y la asamblea, contraviniendo expresas normas constitucionales al aprobar la “Ley para la Justicia Laboral” abril del 2015, sin la debida ponderación y presumiendo que el IESS tenía enormes recursos.
El caso comentado evidencia que se actuó sin los estudios actuariales que se exigen.
La demagogia se impuso y continuó con la ampliación de la prestación de salud, aún se pretendió unificar el servicio de salud con el MSP sin respetar la autonomía patrimonial del IESS. La nómina creció en forma desmedida, dos o tres auxiliares orientaban a los jubilados y afiliados para que reciban la atención médica a más de los desajustes obvios en la calidad del servicio, faltan las medicinas y los turnos llegan tarde. El costo total es un misterio.
Se puede seguir describiendo el abuso cometido…
El 21 de marzo del 2018 la Corte Constitucional habida cuenta la insuficiencia de recursos a que se sometía la prestación jubilar declaró su inconstitucionalidad.
En estos días una Comisión de especialistas estudia los medios de reajuste o reforma del Instituto de Seguridad Social. Tema que exige el estudio técnico de rigor.
La historia de la seguridad social se inicia con la Revolución Juliana y su necesaria lección a ser recordada: la presencia activa de la sociedad civil, con la participación real de los jubilados, los afiliados activos y las nuevas generaciones que tienen la decisión. El gobierno debe proceder en la dimensión que la justicia exige. (O)
