La Policía Nacional de Perú (PNP) detuvo este sábado 21 de enero de 2023 a más de 200 personas tras el desalojo del campus de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, donde cientos de manifestantes venidos de todo el país acampaban desde el miércoles para participar en las marchas antigubernamentales en la capital, informó un vocero del Ministerio Público.
El fiscal superior provisional y coordinador Nacional de las Fiscalías en Prevención del Delito, Alfonso Barnechea, anunció a los medios en las puertas de la universidad que fueron 200 personas las detenidas en el operativo y que se han trasladado una veintena de fiscales a dependencias policiales para verificar que se hayan respetado los derechos humanos de los ciudadanos.
Aproximadamente a las 09:30 de la mañana, la Policía Nacional de Perú echó abajo con una tanqueta la entrada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingresó al campus para desalojar a cientos de manifestantes, que más tarde fueron detenidos y trasladados a distintas instalaciones policiales.
«En nuestra calidad de defensores de la legalidad, la defensa de los derechos humanos y la prevención del delito estamos constituyendo, no solamente para verificar la situación, sino que también estamos desplegando una serie de actuaciones funcionales como Ministerio Público», señaló Barnechea al añadir que además de los 20 fiscales se han desplazado entre seis y ocho médicos legistas.
Estos profesionales sanitarios verificarán in situ el estado e integridad física de las personas que han sido detenidas.
Dijo que el Ministerio Público había recibido denuncias por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre agresiones y robos a las fuerzas del orden por parte de manifestantes que acampaban en el campus.
Esta mañana, la Policía Nacional de Perú (PNP) echó abajo con una tanqueta la entrada al campus universitario limeño e ingresó a las instalaciones.
Desde el miércoles, empezaron a llegar a esta universidad cientos de personas de Puno, Arequipa y Cuzco, entre otros puntos del país, que venían a la capital peruana para participar en las grandes marchas convocadas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y el adelanto de elecciones.
Tras el ingreso de los agentes, policías con equipos antidisturbios se congregaron a las puertas del campus para acordonar la zona. El operativo contó con el apoyo de un helicóptero policial.
Aproximadamente una hora y media después del inicio del operativo comenzaron a salir de la universidad varios buses policiales con detenidos, algunos de ellos esposados, en dirección a instalaciones policiales.
Críticas a desalojo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «preocupación» por la incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas en la Universidad de San Marcos en Lima y señaló que se deben rendir cuentas sobre lo sucedido.
El organismo «exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas», señaló en Twitter.
Su mensaje agregó que los casos de desalojos forzosos son «incompatibles» con los principios del derecho internacional y que, de realizarse, «deben adoptarse medidas necesarias para minimizar su impacto en la población afectada».
«Los Estados deben abstenerse de incurrir en detenciones masivas, colectivas e indiscriminadas en contextos de protesta social», añadió la CIDH.
El desalojo también suscitó críticas de activistas, políticos y otras universidades.
«Estamos aquí varios congresistas de la república, somos seis. En el marco de nuestras funciones hemos venido a verificar la situación actual en la que se ha producido este desalojo, esta intervención. No tenemos información, no hay un comandante, no sabemos qué ha ocurrido, no sabemos la fiscal a cargo. Se nos quieren restringir nuestros derechos», señaló a EFE la congresista Ruth Luque a las puertas del campus.
Como Luque, otros parlamentarios exigieron a la Policía poder entrar a la instalación universitaria para conocer las circunstancias y razones por las cuales se llevó a cabo el desalojo y el estado de salud de los manifestantes antigubernamentales detenidos.
Declaró que lo que está haciendo la Policía es «completamente arbitrario» y que se han violado el derecho a la defensa de los detenidos y también de los congresistas para ejercer sus tareas de fiscalización y representación.
«Pido el inmediato apoyo de otros países que creen en la democracia y los derechos humanos para poner un alto a esta arbitrariedad y abusos que está cometiendo la señora Dina Boluarte en alianza con la Policía y otras autoridades políticas», denunció Luque.
Junto a ella, simpatizantes, familiares y amigos, pedían el ingreso de abogados en las puertas del campus, donde un cordón policial no los dejó entrar.
Por su parte, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, (PUCP), considerada la mejor del país junto a la UNMSM, también rechazó la intervención del campus.
La misión en el Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió este sábado proporcionalidad a las autoridades del país tras el desalojo.
«Frente a la intervención en la UNMSM, OACNUDH llama a las autoridades a asegurar la legalidad y proporcionalidad de la intervención y garantías de debido proceso», reza un comunicado de la oficina.
