El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se queda acéfalo y el Consejo de la Judicatura (CJ) seguirá con presidente encargado, tras la resolución de la Corte Consitucional (CC), si bien no sorpresiva pero sí contundente.
Aquella es la consecuencia de la desinstitucionalización reinante en el país, derivada, a su vez, por disputas de grupos políticos hegemónicos, tantas veces identificados.
La CC destituyó a los siete vocales del Cppcs por incumplimiento de una sentencia dictada en septiembre de 2022.
En aquel mes le dispuso designar al presidente del CJ de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.
Fueron cuatro las ternas remitidas, pero todas devueltas a causa de la disputa por tener bajo control al Cppcs, un verdadero poder por encima de los demás.
La destitución era asunto de tiempo. Tres vocales pretendieron “lavarse las manos” no asistiendo a la sesión para cumplir la orden de la CC, pero fueron medidos con la misma vara. Varios de estos pretenden reelegirse. Por vergüenza propia, por ética y respeto al país deberían retirarse.
Por disposición de la Corte, Álvaro Román asume, de forma interina, la presidencia del CJ, en tanto el Cpccs nombra al titular.
Empero, el Consejo de Participación flota en una especie de vacío. No hay ni vocales suplentes para reemplazar a los destituidos; y luego del referendo se sabrá si se queda o no con atribuciones para designar a las principales autoridades de control.
En medio de semejante contexto, quedan en suspenso los procesos para nombrar al nuevo contralor general, defensores Público y del Pueblo.
Aquel, por el momento, sería el desenlace de la cacería para tomarse el Cpccs cuyo entramado comenzó a gestarse con la destitución de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
Tampoco ha estado libre el Gobierno, si bien gran parte de ecuatorianos incluso exige la desaparición de ese Consejo.
El irrespeto a la institucionalidad es la marca del Ecuador en los últimos años. Lamentable.
Destitución de vocales del Cpccs
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se queda acéfalo y el Consejo de la Judicatura (CJ) seguirá con presidente encargado, tras la resolución de la Corte Consitucional (CC), si bien no sorpresiva pero sí contundente.
Aquella es la consecuencia de la desinstitucionalización reinante en el país, derivada, a su vez, por disputas de grupos políticos hegemónicos, tantas veces identificados.
La CC destituyó a los siete vocales del Cppcs por incumplimiento de una sentencia dictada en septiembre de 2022.
En aquel mes le dispuso designar al presidente del CJ de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.
Fueron cuatro las ternas remitidas, pero todas devueltas a causa de la disputa por tener bajo control al Cppcs, un verdadero poder por encima de los demás.
La destitución era asunto de tiempo. Tres vocales pretendieron “lavarse las manos” no asistiendo a la sesión para cumplir la orden de la CC, pero fueron medidos con la misma vara. Varios de estos pretenden reelegirse. Por vergüenza propia, por ética y respeto al país deberían retirarse.
Por disposición de la Corte, Álvaro Román asume, de forma interina, la presidencia del CJ, en tanto el Cpccs nombra al titular.
Empero, el Consejo de Participación flota en una especie de vacío. No hay ni vocales suplentes para reemplazar a los destituidos; y luego del referendo se sabrá si se queda o no con atribuciones para designar a las principales autoridades de control.
En medio de semejante contexto, quedan en suspenso los procesos para nombrar al nuevo contralor general, defensores Público y del Pueblo.
Aquel, por el momento, sería el desenlace de la cacería para tomarse el Cpccs cuyo entramado comenzó a gestarse con la destitución de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.
Tampoco ha estado libre el Gobierno, si bien gran parte de ecuatorianos incluso exige la desaparición de ese Consejo.
El irrespeto a la institucionalidad es la marca del Ecuador en los últimos años. Lamentable.
