Discrecionalidad y concentración de poder deben ser consideradas “malas palabras” en todo Gobierno, si el eje de la gestión es luchar en contra de la corrupción cuyos tentáculos atrapan por igual sin importar si se es rico, pobre, de apellido rimbombante o común y corriente; tampoco mira rangos sociales, posiciones políticas, religiosas, ni grados académicos.
A raíz del escándalo por un presunto caso de corrupción en las empresas públicas se conoce la discrecionalidad otorgada al gerente de Petroecuador para, por sí y ante sí, otorgar contratos por cientos de miles de dólares.
La discrecionalidad es lo no sometido a regla, sino al criterio de una persona o autoridad. Este significado no requiere de mayor explicación; pero sí la de quienes lo permiten, quien sabe desde cuándo, y, más aún en una empresa cuyo giro de negocio es la riqueza petrolera del país.
¿Similar discrecionalidad la tienen los gerentes de las otras 12 empresas parte de la súper Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO, creada en 2015), entre ellas Celec, Cnel, Flopec, CNT, Empresa Nacional Minera y la Empresa Pública del Agua?
Un decreto presidencial favoreció la concentración del poder en la EMCO, en especial del presidente de su directorio. Preside los directorios de las otras 12 empresas y hasta nombra a sus gerentes.
Aquel fue el supra poder de Hernán Luque. ¿Cuáles son las razones del gobernante para dar semejante poder de decisiones operativas y estratégicas, de hacer y de deshacer, a una sola persona, cuyas sospechas fueron advertidas a tiempo?
En esas empresas están en juego miles de millones de dólares en contratos. Alrededor de ellas giran contratistas de toda laya. A este nivel, como en otros, hacer negocios con el Estado deviene en feria donde ocurre de todo.
¿Seguirán manteniendo aquella discrecionalidad; peor aún la concentración de poder en quien dirige la mega EMCO cuyo escándalo tiene en vilo al país y al gobierno en un desfiladero?
