El Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró a la minera ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado, por tener vínculos directos con delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas, además de causar daños ambientales.
Dichos vínculos aumentaron en los últimos lustros, ni se diga la destrucción, irreversible en varios casos, del medioambiente.
No es menos cierta su injerencia en la política. En la actual campaña electoral, tal como se denunció ante la Fiscalía, la minería ilegal financiaría campañas electorales de candidatos a alcaldes, prefectos y juntas parroquiales en varias jurisdicciones.
Las provincias cuyos territorios abarcan la declaratoria son Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El Oro, Esmeraldas, Loja y Sucumbíos.
En el caso del Azuay son identificables los lugares donde se practica aquel tipo de minería. Sígsig, Ponce Enríquez, por citar dos ejemplos.
Si finalmente no llegan a explotarse los proyectos Río Blanco y Loma Larga, suspendidos por demandas jurídicas y por los resultados de una consulta popular, podrían quedar a merced de la minería ilegal cuyo poder de penetración, de fuerza y hasta de camuflaje es conocido por todos.
El mapa de depredación ambiental por esta actividad es desalentador, sin contar los perjuicios económicos al Estado.
En contravía, organizaciones indígenas impedirán el ingreso del Ejército y la Policía a sus territorios para controlar, en caso de haberla, la minería depredadora, sin bien en los ancestrales, por decisión de autoridad constitucional, el Estado no puede tener presencia permanente.
La decisión del Gobierno de respaldar las concesiones mineras legales incrementa la oposición de organizaciones antimineras, fundamentadas en la Constitución y en otras leyes, si bien, salvo excepciones, no son bien explícitas al momento de referirse a la minería ilegal.
Encontrar un punto de equilibrio entre dos posiciones contrapuestas sería lo prudente. En ambos casos sin partir de extremismos.
