Garantizar la redistribución de la propiedad de las tierras reclamadas por los pueblos originarios de América Latina supone un reto para los cuerpos de registradores de la propiedad, porque las migraciones derivadas del éxodo por esta problemática se traducen luego en un crecimiento descontrolado de barrios y viviendas en ciudades.
Esto es lo que expone el secretario general del Centro Internacional de Derecho Registral (CINDER), el español Alfonso Candau, de visita esta semana en Bruselas para participar en el acto de celebración del 50 aniversario de la entidad.
Candau señala el despojo de los territorios de los pueblos originarios de América del Sur como uno de los principales factores que explica el masivo éxodo de población rural hacia las grandes urbes del continente.
«Lima creció de los 1,5 millones de habitantes a los casi 9 que tiene ahora. Este fenómeno se da en todas las grandes ciudades latinoamericanas, que crecen en las laderas con las ‘villas miseria'», apunta el secretario general de CINDER, la organización que representa a cuerpos de registradores de países de todo el mundo.
Candau indica que esta explosión demográfica en las ciudades de América Latina «ha sido un test para el sistema registral» e insiste en la necesidad de avanzar hacia la «formalización» de los títulos de propiedad de las viviendas construidas en estos barrios densamente poblados, aunque, según él, este proceso todavía no ha funcionado.
«Al principio fue bien, se dieron todos los títulos y se pacificó la zona, pero lo que no se previó fueron las transmisiones ulteriores. Uno cogía el título en propiedad y se lo vendía bajo cuerda a otro que también hacía lo mismo… Y al final allí nadie sabía quien era el dueño de aquello, y los bancos no daban un duro», explica.
Candau apunta que el crecimiento urbano acelerado es un vaso comunicante de la lucha de los pueblos originarios por sus tierras. Según él, «ha habido grandes compañías que se las han apropiado» y ahora, dice, hay que «reconocer» a los que vivían allí.
«Ellos saben qué clanes y familias estaban allí, porque eran como pequeños pueblos, y además no es una memoria muy antigua: les quitaron las tierras a sus padres o abuelos, y luego ellos también tienen una idea muy clara de cómo deben organizar la redistribución», sostiene.
Y añade: «Les damos un título de propiedad, hacemos un registro y, a partir de ahí, que cada uno sepa lo que es suyo y pueda obtener, por ejemplo, microcréditos también, y pueda ir avanzando».
En Brasil, por ejemplo, una de las formas que encontraron para «avanzar» en este asunto es garantizar en la Constitución del país la propiedad de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios, según explica el expresidente del Instituto de Registro Inmobiliario de Brasil, Sergio Jacomino.
«Ellos tienen unos territorios que son propios y que están garantizados por el Estado brasileño. Hay una coordinación entre el registro de las tierras indígenas y el registro inmobiliario o de la propiedad, que desarrolla un papel relevante en la confirmación de estas tierras», expone Jacomino.
Además, destaca que la protección constitucional de los territorios eleva este asunto a «política de Estado» que, según dice, «escapa de la gestión gubernamental de turno» en un país que, hasta el 31 de diciembre, estaba presidido por Jair Bolsonaro, una figurada demandada ante el Tribunal de La Haya por los pueblos indígenas de Brasil.
En Perú, la inestabilidad institucional es, precisamente, uno de los factores que, según el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Registral, José Antonio Saavedra, impregna la cuestión de la redistribución de las tierras a sus pobladores originarios.
«En Perú, lo tienen reconocido la población de la selva y la de los Andes. Ya existen los mecanismos en el registro público, por ejemplo, para que las comunidades andinas puedan registrar su organización. Pero la verdad es que existe también una gran parte de la población que no entiende este proceso», explica Saavedra.
Y ahí, dice, «es donde entra un factor que es determinante, y que es la estabilidad política de un país. Quizás en esta vertiente de la confrontación de las ideas, que a veces llega a extremos muy marcados, es donde surgen contextos que no permiten que la buena información llegue a su lugar».
Saavedra destaca el papel que en Perú juega el mecanismo de la consulta previa, una cláusula legal que obliga al Estado a preguntar a los pueblos originarios sobre todas las medidas que afecten a sus vidas, sus derechos o su desarrollo económico. EFE
