El caso “Gran Padrino”, rematado con la filtración de un informe confidencial por parte de un medio de comunicación digital, causa urticaria en el gobierno de Guillermo Lasso.
En relación al primero, la Fiscalía investiga la presunta corrupción en las empresas públicas, uno de cuyos involucrados abandonó el país.
Respecto al segundo, de acuerdo al gobierno, se trata de un informe bajo reserva, archivado por la Fiscalía previa resolución de juez, al no existir indicios suficientes como para iniciar un proceso sobre la presunta financiación del narcotráfico para la campaña del entonces candidato Guillermo Lasso.
Esas y otras acciones provocaron una feroz reacción presidencial contra el medio digital, cuyas “filtraciones”, sin la mayor rigurosidad como lo exigen las reglas del periodismo de investigación, han caído como “anillo al dedo” en la Asamblea. Aquí, la mayoría ya piensa en llamar a Lasso a juicio político y su consiguiente salida del poder, así los casos sean, hasta el momento, solo presunciones.
Empero, los adjetivos lanzados por el presidente contra aquel medio digital, incluso insinuaciones como la de haber caído en libertinaje abusando de la libertad de expresión, están demás.
Lasso está en su derecho de defender su honor y el de su familia. Si en su gobierno no hay ninguna red de corrupción, con decirlo no basta, sino demostrarlo; y en hacerlo deberá fajarse al todo o nada, mucho más si tiene casi todo en su contra.
Cada medio de comunicación, de acuerdo a sus códigos deontológicos, hace lo suyo, y, por lo tanto, se somete a ser o no creíble, confiable, con mayor razón cuando se trata de investigaciones, en cuyo caso no bastan las filtraciones, peor la premura por también solamente filtrarlas.
Serenidad es lo más aconsejable en estos momentos de crisis política. A veces el escándalo es bienvenido, pues permite sacar a la luz la verdad, obviamente si se la tiene.
