Lima.- El Gobierno de Perú rechazó este domingo que en su país se haya desatado una «violación masiva y sistemática de los derechos humanos» durante las protestas antigubernamentales que comenzaron en diciembre pasado y han dejado 70 muertos.
Un comunicado oficial lamentó «profundamente la pérdida de vidas humanas» en las protestas, pero señaló que «es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un «racismo sistémico» en el actuar de las distintas autoridades».
El comunicado, publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se refirió directamente a un informe preliminar presentado por Amnistía Internacional (AI) y aseguró que el gobierno está «brindando todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones» que hace la Fiscalía «con el fin de identificar a los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida, como también a la propiedad pública y privada en los últimos meses».
En ese sentido, reiteró que «corresponderá a las autoridades competentes, luego de conocido el resultado de las investigaciones, procesar y sancionar conforme a la normatividad aplicable».
El ministerio también informó de que «en forma paralela» a las investigaciones, una Comisión Multisectorial ha acordado entregar «un apoyo solidario» de 50.000 soles (unos 13.150 dólares) por cada persona fallecida, y 25.000 soles (unos 6.500 dólares) a los heridos de gravedad, civiles y policías, que hayan quedado con alguna secuela.
Según diversas fuentes, en las protestas que comenzaron en diciembre han muerto 70 personas, al menos 48 de ellas en manifestaciones y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, 42 en los sureños departamentos de Cuzco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Arequipa.
Amnistía Internacional aseguró este jueves que durante las protestas en Perú hubo «ataques generalizados» hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la «grave crisis de derechos humanos» que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
Tras denunciar ataques a la prensa durante las movilizaciones, AI sostuvo que «existen indicios de que se podría estar utilizando el sistema judicial de manera inapropiada para perseguir y silenciar a las persona que participan de las protestas». EFE
