El juicio político, que se propone hoy en día contra el presidente de la República, es un medio para satisfacer a una mayoría política que hace de la Asamblea el escenario para desestabilizar a la función ejecutiva y acelerar el retorno al poder del populismo autocrático.
Si se analiza el texto del artículo 129 de la Constitución, ninguna de las causales tiene fundamento. El presidente no ha cometido delitos contra la seguridad del Estado, ni los delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, peor genocidio, tortura y más tipos penales que puntualiza la norma señada. Pero en la mente de los proponentes todo se puede hacer con tal de lograr sus objetivos.
Además de lo señalado, para iniciar el juicio político se requiere el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. La solicitud de un tercio de los miembros y para la resolución de censura y destitución el voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.
El fondo de esta pretensión no es más que cálculo mediático que reincide en la pretensión desestabilizadora.
Debemos tener presente que, en estos dos años de gobierno, entre otros temas vitales se ha procedido a combatir al crimen organizado y a la corrupción, se gobierna con evidente respeto a la democracia y a la ley, se ha ordenado el sistema fiscal y atiende con prolijidad la inversión en el componente social de la agenda gubernamental. Más salud, educación, trabajo y servicios públicos. Son puntos a favor. Entonces es obvio que la oposición trate de bloquear su realización, ya que su estrategia radica en producir la crisis permanente para retomar el poder total…Así de claro. (O)
