La Fiscalía de Perú considera «inexorable» la extradición del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) desde Estados Unidos, a pesar de la apelación presentada por su defensa ante la Corte del distrito Norte de California para pedir la suspensión del proceso en su contra.
«Creo que la decisión ya es inexorable, de la entrega del señor Toledo los próximos días», afirmó el fiscal coordinador del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela al canal N de televisión.
El fiscal agregó que el Ministerio Público también considera que la decisión del juez que ha recibido la apelación de Toledo en Estados Unidos «va a ser favorable al proceso de extradición».
Vela señaló, sin embargo, que es «difícil» estimar el tiempo exacto que demorará la entrega del exgobernante, pero calculó que podría concretarse en marzo próximo.
Este miércoles, la Fiscalía del Distrito Norte de California ya pidió la detención de Toledo para poder entregarlo a las autoridades de Perú, después de que el Departamento de Estado diera luz verde a su extradición.
La Cancillería de Perú celebró, por su parte, que el gobierno estadounidense haya concedido la extradición y consideró que esta decisión muestra un reconocimiento a la vigencia de las instituciones peruanas.
La Fiscalía peruana informó este martes de que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición de Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos.
El exgobernante es acusado en su país de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente.
En concreto, ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pasó a arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la covid-19.
En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken. EFE
