Las elecciones del pasado 5 de febrero han formado parte del proceso democrático reconocido por la Organización de Estados Americanos durante su vista en calidad de observadores electorales, su rol fue clave durante estas elecciones. Uno de los análisis sustantivos por parte de la OEA ha sido el financiamiento político, como un tópico fundamental para analizar y calificar la transparencia y la integridad electoral.
El incremento del crimen organizado y el narcotráfico han tenido repercusiones y deben ser tratados con mayor urgencia, pues a pesar de las reformas a la norma electoral del 2020 en el sistema de fiscalización y el gasto electoral, estas no han sido suficientes en la práctica y no han reflejado resultados efectivos en el país.
Bajo este análisis, la OEA ha recomendado una revisión integral del sistema de fiscalización y control, el que deberá realizarse antes, durante y después del proceso electoral, así como también fortalecer los recursos financieros, técnicos y humanos en materia de financiamiento político tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. Según el organismo internacional es indispensable generar un mecanismo de sanción administrativa y penal para de esta manera disuadir a las fuerzas políticas y llevar un control del crimen organizado.
Se debe consolidar un sistema articulado de cooperación y acción conjunta entre las distintas instituciones públicas con el fin de detectar los dineros ilícitos; y por otro lado establecer sanciones claras en el caso del incumplimiento de la presentación de informes de gastos quincenales. Es necesario elevar la calidad y la cobertura de información, disponer de datos abiertos en esta relación de dinero y política es urgente si no queremos sucumbir a los peligros de las democracias secuestradas por el crimen organizado. (O)
