Una vez más el presidente Guillermo Lasso declara el estado de excepción en Esmeraldas, una de las provincias más afectadas por el narcotráfico dada su vecindad con el sur de Colombia, donde operan mafias dedicadas a ese criminal negocio, el más rentable en el mundo.
La medida restringe los derechos a la libertad de tránsito, asociación, reunión e inviolabilidad de domicilio.
En estos primeros meses de 2023, en Esmeraldas han aumentado los niveles de delincuencia organizada, evidenciada con el cometimiento de homicidios, asesinatos y sicariatos, “configurándose una de las provincias con los niveles de inseguridad más altos del Ecuador”.
Al narcotráfico se unen otros ilícitos como el tráfico de combustibles, de armas, y la minería ilegal, el lugar ideal para el asentamiento de grupos criminales cuyo accionar afecta la seguridad y la paz ciudadana.
Esa provincia es parte del “corredor” de los narcos, hasta llegar a los puertos de Manta, Guayaquil y otros, para enviar la droga a los Estados Unidos y a Europa.
En Esmeraldas los altos índices de pobreza y extrema pobreza, la falta de servicios básicos, de salud, la desintegración familiar, permiten la penetración del narcotráfico.
Menores de edad son reclutados por bandas criminales para cometer asesinatos tipo sicariato. Semanas atrás, varios de ellos mataron a un policía.
El gobierno debe diseñar verdaderas políticas de Estado para resolver esos problemas sociales estructurales, sin los cuales Esmeraldas no podrá tomar otros rumbos.
Debido a la inseguridad, el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ha invitado a las principales autoridades del país para diseñar acciones. Ha tenido eco.
Para fortalecer la seguridad, propone reformas al Código Integral Penal y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Lo pudo plantear años atrás; pero nunca es tarde.
Sin embargo, urge una verdadera estrategia de seguridad como política de Estado. Esto le compete al gobierno.
