El funcionamiento, al fin, aplicando las multas previstas, de diez de los cuarenta radares por parte de la EMOV EP, profundiza la polémica entre la administración municipal saliente y la entrante.
Directivos de esa empresa, seguramente con el respaldo del alcalde Pedro Palacios, decidieron hacerlo pese a los cuestionamientos al contrato y a la advertencia hecha por el burgomaestre electo, Cristian Zamora.
Un grupo de nueve concejales actuales y el gerente de la EMOV, Juan Carlos Aguirre, protagonizaron “incidentes” en el local donde debía desarrollarse un “taller” para ahondar en detalles y explicaciones, seguramente sobre el polémico contrato.
A luz de los hechos, el contrato está suscrito, y será la Contraloría la encargada de precisar, en base a sus observaciones y sugerencias, si tiene irregularidades de fondo.
La Justicia también podría intervenir. De hecho, por petición de terceros ya investiga.
Los nueve concejales exigen al alcalde Palacios convoque a sesión extraordinaria para tratar tan espinoso asunto. Para ellos el contrato debe ser declarado nulo.
Difícilmente –así lo intuimos- el alcalde dará paso a esa petición, convencido como está, de haber actuado correctamente, y con él, el Directorio de la EMOV; además porque preferirá heredar a su sucesor cualquier decisión sobre el contrato.
Salvando incluso la percepción política sobre el caso y hasta cierta animadversión, la controversia podría entorpecer la transición del poder municipal.
Puede generarse un clima de desconfianza mutua en cuyas condiciones la primera sacrificada será la transparencia de la información, mucho más si Cuenca querría ver a Palacios y a Zamora hablándose de frente, no sobre rencillas, pero sí por los intereses de la ciudad.
Ojalá, y sería lo más lógico y justo, el informe definitivo de la Contraloría y la Justicia también, den la razón a quien la tenga. Al final, cada cual cargará con la cruz de sus responsabilidades.
