La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este 8 de marzo de 2023 a diez antiguos miembros de dos frentes de las extintas FARC por 14 crímenes de guerra y lesa humanidad, que incluyen homicidios, desplazamiento y reclutamiento de menores, cometidos en el suroeste de Colombia.
Se trata de las primeras imputaciones de este órgano de justicia transicional en el Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y que atañen a diez miembros -entre ellos una mujer- que integraron las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, del antiguo Bloque Occidental de las FARC.
Es también la primera vez que se imputa a exmiembros de las FARC el reclutamiento forzado de menores, un delito que constituye por sí mismo un caso aparte, pero que ha sido considerado en este caso, el tercero por el que la JEP emite imputaciones, y el segundo que lo hace contra exintegrantes de la antigua guerrilla.
IMPONER EL CONTROL
Los magistrados de la JEP aseguraron en una rueda de prensa que estos grupos de las FARC cometieron crímenes de guerra, como tomas guerrilleras «llevadas a cabo sin el debido respeto a los principios de distinción y proporcionalidad» establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para imponer su control de este territorio del suroeste del país.
La JEP identificó en el actuar de las FARC varios patrones criminales, como el hecho de que la expansión de la guerrilla desde las montañas a partir de 1993 «afectó profundamente a la población civil, a los territorios ancestrales y colectivos y a la naturaleza».
«El control social y territorial comenzó con la ocupación armada de los territorios de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos transgrediendo las autoridades étnicas y luego continuó con numerosas estrategias para lograr el control social y territorial de la población», consideraron los magistrados.
En ese avance expulsaron a las autoridades de cada territorio, matando a cientos de personas y desplazando a mucha población. Pero también se dieron muertes y desapariciones forzadas de indígenas, campesinos y otra población.
«Ante la JEP los comparecientes reconocieron la existencia de una política en la extinta guerrilla de asesinar a personas de la población civil señaladas de ser informantes, colaboradores, enemigos o líderes contrarios a esa organización», explicó el tribunal.
DAÑOS A COMNUNIDADES Y AL MEDIOAMBIENTE
También hubo persecución a indígenas, afrodescendientes y campesinos que no acataron las normas de la guerrilla, que ingresó a resguardos indígenas y consejos comunitarios sin autorización, imponiendo en ellos «bases de operaciones, campos de entrenamiento, centros de reclutamiento y más adelante como fuente de financiación, a través del cobro de lo que denominaban ‘impuestos’ por el narcotráfico y la minería ilegal«.
Además, por primera vez la JEP imputa a las FARC por el uso, reclutamiento y alistamiento de niños «como una estrategia político-militar», sobre todo desde finales de la década de 1990 y con «un aumento significativo desde el año 2011».
La mayoría de los reclutados «eran indígenas o afrocolombianos, lo cual implicaba un proceso adicional de afectación de su cultura, pues quedaban expuestos a perder sus costumbres y a adquirir otras totalmente distinta», consideró la JEP.
Igualmente se señala el uso de minas antipersonal como «uno de los principales mecanismos para lograr el control territorial y social, y el confinamiento de las comunidades», ajusticiamientos por parte de las FARC o confinamiento de las poblaciones y daños al medioambiente.
«Las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis afectaron de manera extendida y duradera el medio ambiente en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca» mediante la instalación de minas, ataques con explosivos y la invasión violenta de territorios indígenas y afrodescendientes, afectando especialmente los páramos», aseguró la JEP en su primera imputación de crímenes medioambientales.
El macrocaso 05, abierto en 2018, tiene un universo de más de 365.000 víctimas, y también es la primera vez que se imputa a miembros de las FARC que no integraron la cúpula, que ya fue imputada por la JEP en el caso de los secuestros.
Los 10 imputados tienen 30 días para reconocer los hechos y conductas o rechazarlas y después empezarán las audiencias de reconocimiento, con la participación de las víctimas, para determinar si hay reconocimiento y aporte a la verdad plena.
En tal caso, los imputados pueden recibir sanciones que no incluyan prisión, y que serán concertadas con las víctimas en aras de la reparación. EFE
