En medio de la tensión que existe entre el Gobierno y las organizaciones indígenas, ante los anuncios de movilizaciones que iniciaron ayer con la marcha por el Día de la Mujer, el Ministerio del Ambiente convocó a la consulta prelegislativa para reformar el reglamento del Código del Ambiente, lo cual agrava la situación.
Según Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), detrás de esta convocatoria del Gobierno existe la intensión de desbloquear la ejecución de proyectos, sobre todo mineros, que no se han podido ejecutar porque no cuentan con licencias ambientales, cuya regulación se establece en el reglamento de la Consulta Ambiental que se busca reformar.
Ayer, en el marco de las marchas que se realizaron en Quito, la CONAIE presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 604, con el cual el Gobierno estableció las reglas para la ejecución de la consulta prelegislativa, con la que, según el dirigente, se busca dar paso a 11 proyectos mineros.
Cabe recordar que la Constitución de Montecristi estableció que, tanto el Ejecutivo, como el Legislativo deberán consultar a las comunidades, pueblos o nacionalidades, previo a la aprobación de normas que afecten sus derechos, si están de acuerdo o no con la ley o el reglamento propuesto, sobre lo que podrán remitir sus aportes o criterios; sin embargo, el resultado de este proceso no es vinculante; es decir, las autoridades no tienen la obligación de incluirlo en la norma.
Para el actual proceso de reformar el reglamento del Código del Ambiente, la consulta prelegislativa arrancó el 6 de marzo pasado y concluirá el 18 de abril del 2023; en este período, las comunidades podrán remitir sus aportes, vía correo electrónico o entregarlos personalmente en las oficinas del Ministerio del Ambiente y sus direcciones zonales.
Empresarios
La Cámara de Minería se pronunció a favor de la decisión del Gobierno de comenzar a ejecutar las consultas prelegislativas, pues esto deja las normas claras para esta industria, que ha visto varios proyectos paralizados por la ausencia de este mecanismo y de la Ley de Consulta Previa, la cual todavía no ha sido elaborada por la Asamblea Nacional.
“Como una industria responsable cumplimos y respetamos toda la normativa vigente en el país y vemos como positivo toda acción que esté encaminada a fortalecerla en bien de los ecuatorianos”, señaló la Cámara de Minería a través de un comunicado.
“Posición de la CONAIE es inentendible”
Para Fernando Benalcázar, experto en el tema minero, es inentendible la posición de la CONAIE, de solicitar la inconstitucionalidad del Decreto 604, pues con este el Gobierno solo cumplió lo que les ofreció para dar por terminado el paro nacional de junio del 2022.
“La consulta prelegislativa nació de una necesidad que se estableció en los acuerdos de paz, para la Consulta Ambiental y la Consulta Previa Libre e Informada; el presidente, en respuesta de eso, emitió el Decreto 604, al cual ahora se oponen, lo que es inaceptable”, afirmó Benalcázar.
Según el experto, al momento en que se destrabe el proceso de emisión de las licencias ambientales en el país se dará vía libre a la ejecución de al menos 100 proyectos, no solo mineros, sino petroleros y de generación eléctrica, los que estaban paralizados.
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3 proyectos mineros: La Plata, Curipamba y Loma Larga, están paralizados por falta de la licencia ambiental.
20 de marzo al 18 de abril, es plazo para que comunidades puedan remitir sus observaciones al Código del Ambiente que se busca reformar.
100 proyectos mineros, petroleros y de generación eléctrica se encuentran paralizados en espera del registro ambiental.
Quito.- (ASM)-(I)
