Cito al Profesor Hernán Salgado, ex presidente de la Corte Constitucional, quien, en su última intervención sobre los intentos de un mañoso juicio político al Ejecutivo desde la Asamblea, señaló que lo que se mira en realidad es un grupo de analfabetos constitucionales.
La Constitución del Ecuador -bajo los principios de representación democrática diversa- no exige requisito académico o profesional para candidatizarse como asambleísta nacional o provincial, basta con tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad y estar en goce de los derechos políticos. Y parece que estos limitados requisitos nos están pasando factura. O quizá, a fin de cuidar el sentido democrático del Legislativo, puede ser que la ausencia de un senado, nos está trizando la seriedad institucional.
Pues, para ocupar uno de los cargos más importantes en la representatividad democrática del Estado, dícese primer poder, sí hay que revisar y estudiar la Constitución, o por lo menos ser cautelosos ante la ignorancia. Porque como dicen: la ignorancia es atrevida. Y más cuando tiene micrófono y escritorio.
Ha sido un error poner al país en una suerte de inestabilidad política e institucional con consecuencias internas y externas, que el mundo observa, al amenazar y hacer el sainete de iniciar un juicio político al jefe de Estado. Un juicio político cojo, sin elementos constitucionales, con la vaguedad conceptual y jurídica a la que nos tienen acostumbrados.
Los asambleístas que están detrás de esta vergüenza insisten en la rústica definición que es un juicio político, de connotaciones políticas, y que en consecuencia no se amerita una construcción jurídica; ignorando que en un Estado de tipo constitucional -como el ecuatoriano- todo debe estar enmarcado en la norma constitucional y el ordenamiento jurídico en general. No puede existir actividad política por sí sola. Y es que, si les gusta la política en verdad, supieran que la política es Derecho in statu nascendi. Siempre. Caso contrario la arbitrariedad imperaría.
La Constitución tiene un fin máximo: frenar al poder. Se ve, que aquello no gusta a algunos miembros -analfabetos constitucionales- que asisten al Legislativo. (O)
