La desinstitucionalización del país, la cacería a la luz del día o aprovechar la noche para asestar contragolpes e imponer el peso de mayorías fraguadas quien sabe dónde, tocan fondo y sus protagonistas ni se inmutan.
Todo parece estar claro: hay sectores políticos dispuestos al todo o nada para imponer sus propias agendas desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el verdadero poder tras el poder.
Los integrantes del actual Consejo, cuyas funciones terminarán en mayo próximo, habiendo comenzado hace un mes, caen en el mismo vicio de sus antecesores: formar mayorías identificadas con grupos políticos ávidos por hacerse de la Contraloría, de las diversas Defensorías, Procuradurías y Superintendencias, del Consejo Nacional Electoral y de otras importantes instituciones del Estado.
Si bien las mayorías no son malas por sí mismo, la del actual pasajero Consejo acaba de mostrarse con iguales vicios de sus antecesoras. Nadie lo pensaba, pero esperó la madrugada para desconocer la designación de Roberto Romero como Superintendente de Bancos, hecha por el anterior Cpccs cuyos integrantes fueron destituidos por la Corte Constitucional.
Empero, la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas revirtió aquella resolución, pues la cuestionada mayoría no puede revisar los actos administrativos de la anterior.
Serán los méritos y los rigurosos concursos públicos las claves para designar a las autoridades de control. Esta es la teoría constitucional pregonada; pero las experiencias vividas desde hace más de quince años revelan lo contrario.
La cuestionada mayoría del Cpccs anuncia la convocatoria al proceso para la renovación parcial del CNE; pero con lo actuado ¿le basta para ser creíble?
Se hará lo posible por dilatar ese y otros procesos hasta mayo, cuando entre en funciones el nuevo Cpccs. Su mayoría claramente identificada hará cuanto tenga a bien para sus intereses. Lo veremos. (O)
