Y llegan las lluvias y, una vez más, se activa el pingüe negocio de las carreteras, los contratos llueven pródigos de beneficios para los implicados, se reúnen nuevamente asambleas cívicas por el bien de la provincia y el gobierno niega de plano cualquier intento de rebeldía; promesa va, promesa viene, protesta va, protesta viene la letanía del Azuay y del sur del Ecuador cae en el vacío y provoca ingentes cantidades de dinero. Y es que nadie responde por las vidas que cada día sucumben en las vías, no únicamente, por exceso de velocidad sino, sobre todo, por la corrupción que mantiene en estado de indefensión al ciudadano. Normalizados los derrumbes de casas, árboles y montañas morimos aplastados e inundados en medio del desprecio y la putrefacción de una clase política que en cada temporada de lluvias se vuelve más millonaria. Y es que la jerarquización de las provincias, los centros de poder y los recursos económicos, sociales y políticos se agudizan en estas épocas cuando los cambios de autoridades se avecinan. ¿Quién responde por los ecuatorianos? Además, los famosos “estados de emergencia” conocemos muy bien, amigo lector, que es otra mina de oro para aquellos que disfrutan de sus beneficios. Definitivamente el Azuay y el sur del país se cae a pedazos, incomunicado, discriminado y explotado, sin misericordia, por la corrupción política. (O)
