El secuestro de una pareja en Quito despertó críticas sobre la utilización de los menores de edad en los delitos y las sanciones que deben recibir, pues en este caso estuvieron involucrados dos adolescentes, uno de ellos es reincidente, el primer hecho en el que estuvo involucrado fue el asesinato del sargento Freddy Bonilla, ocurrido en Esmeraldas a mediados de febrero.
Según señaló Juan Zapata, ministro del Interior, la otra menor, también involucrada en el secuestro, fue la persona que la madrugada del sábado se encargó de hacer los retiros de los cajeros, lo cual permitió hacerle el seguimiento a la banda delincuencial.
“Nos preocupa el uso que se está haciendo de los menores en estos casos, porque los responsables son los adultos que los utilizan y que deben ser sancionados”, afirmó Zapata.
Precisamente junto con alias ‘Boquita’, el menor de solo 10 años involucrado en el secuestro en Quito, habría sido detenido un adulto que también estuvo vinculado en el asesinato del policía en Esmeraldas, es decir, es quien inculcaría en el niño el accionar violento, así lo informó Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional.
¿Por qué el menor estaba libre? Según señaló Fausto Olivo, director nacional de Investigaciones de la Policía, cuando se trata de menores de edad y no existe una detención en flagrancia, se requiere una formulación de cargos para que puedan ser aislados; en este caso, el niño recién estaba siendo imputado, pues no fue detenido en flagrancia, sino que se lo investigaba por videos de seguridad en los que se evidenciaría que fue quien disparó contra el policía, a quemarropa.
Responsables
Según explicó el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, fue precisamente este uso que las bandas delictivas están haciendo de los menores lo que llevó a la Asamblea a tratar y aprobar una reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en la que se estipulen sanciones para los adultos.
Esta reforma al artículo 369 del COIP establece que quien reclute niños y adolescentes con fines delictivos, de manera individual o como parte de una estructura delictiva, serán sancionados con prisión de 10 a 13 años; mientras que si son usados para tráfico de drogas, delitos contra la propiedad o contra la vida (asesinato), la pena puede subir a 16 años.
Según cifras de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), en el 2022 fueron aprehendidos 127 menores de edad, por delitos vinculados principalmente al abuso sexual y posesión de droga.
Tratamiento psicológico y familiar
Para el experto en temas de Seguridad, Daniel Pontón, en la legislación de ningún país se establece sancionar como adulto a niños menores de 14 años, pues se entiende que en, en este caso, existe un problema de conducta que debe ser abordado desde otro ámbito, el tratamiento psicológico y familiar, coincide en que el sancionado debe ser el adulto responsable del niño o adolescente.
Pese a que, en el actual caso de secuestro, las víctimas fueron sus familiares, Sybel Martínez, consejera del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia, se mantiene en su posición de que a los menores se les debe aplicar medidas socioeducativas, con una mínima intervención penal, sin embargo, esto no se cumple y estas personas no son rehabilitadas.
“Como adultos, no podemos abstraernos de nuestros espacios, respecto a la protección que les debemos, como Estado hay que preguntarle qué está haciendo para que el ejercicio de derechos de estos niños no esté avanzando”, afirmó la experta. (I) Quito.- (ASM)-(I)
