La exministra María de los Ángeles Duarte reconoció que se fugó de la Embajada de Argentina en Quito. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales dijo que tuvo que salir «bajo riesgo».
La embajada informó a la Cancillería de Ecuador de la salida de Duarte de sus instalaciones, donde se encontraba desde hace más de dos años y medio, sin que haya avisado a nadie. Calificó la acción como una fuga.
«Decidí dejar la embajada porque al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política…. el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política», dice el texto de Duarte.
No sabían de la posible fuga
El Gobierno argentino indicó este martes que desconocía las intenciones de la exministra de Obras Públicas de abandonar la Embajada.
«Todo indica que más allá del estatus otorgado, y la voluntad del Gobierno argentino de mantener la condición de asilada diplomática, que la Sra. Duarte Pasantes se ha ausentado por decisión propia y sin que haya mediado indicación alguna a las autoridades de la embajada en la República del Ecuador», señaló en un comunicado la Cancillería argentina.
El texto se difundió después de que el Ejecutivo ecuatoriano convocara al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, para responder a consultas en torno al escape de la exministra de la Embajada de Argentina, donde llevaba refugiada más de dos años y medio para evitar ir a la cárcel por una condena por corrupción.
Según la versión oficial argentina, durante el pasado fin de semana, mientras el embajador Fuks desempeñaba «distintas tareas inherentes a su labor diplomática», «no se registró presencia» de Duarte en el ala del edificio donde estaba, que era distinta de la residencia oficial del representante argentino en Quito.
En consecuencia, «se procedió a hacer las recorridas correspondientes de las distintas dependencias.
Condena de Duarte
Duarte fue condenada en 2020 a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso «Sobornos 2012-2016», una trama de financiación irregular del entonces movimiento oficialista Alianza País, liderado por el expresidente Correa, con aportes indebidos de empresas que no fueron declarados.
La exfuncionaria, que ocupó la cartera de Obras Públicas entre el 19 de febrero de 2015 y el 6 de enero de 2017, se considera una perseguida política y niega los cargos en su contra, al igual que Correa, que aduce la condición de refugiado en Bélgica, lo que traba una solicitud de extradición de la Justicia ecuatoriana.
